El presunto autor de un delito continuado de abuso sexual a su hijastra de trece años en la Canonja (Tarragonès) negó los hechos, en el juicio que se celebró ayer martes en la Audiencia Provincial de Tarragona.
El fiscal y la acusación han pedido la pena máxima por estos casos, de doce años de prisión. En el juicio se ha reproducido la declaración que la menor hizo al juzgado de instrucción, donde relataba los abusos que habría sufrido. También han declarado la amiga de la chica a la cual explicó los hechos, la madre y el equipo técnico de psicólogos, que han confirmado la versión de la niña. El caso ha quedado visto para sentencia.
Según el escrito de acusación de la fiscalía, el hombre mantenía una relación sentimental con una mujer desde el 2007 y vivían juntos, junto con la hija de ella y un hijo que tuvieron en común, en un domicilio de la Canonja. Durante aquel periodo de convivencia, el hombre habría abusado de la menor “de forma constante y continuada” aprovechando que la madre no estaba en casa. En algunas ocasiones, el procesado hacía tocamientos a la hijastra mientras él miraba material pornográfico y se masturbaba. Según relata la fiscalía, bajo el pretexto de hacer masajes a la menor, le hacía tocamientos por diferentes partes del cuerpo, incluida la zona genital, “con ánimo libidinoso y con intención de satisfacer sus instintos sexuales”.
En 2013 la pareja rompió la relación, pero las visitas al hijo que tenían en común hicieron que el procesado y la víctima siguieran manteniendo cierto contacto. El ministerio fiscal señala que el hombre aprovechaba para hacer tocamientos disimulados a la niña por la zona del culo y los pechos cuando la saludaba. Los hechos fueron denunciados el marzo del 2017 y el juzgado dictó una medida cautelar contra el hombre para que no pudiera acercarse ni comunicarse con la menor durante la tramitación de la causa.
Además de los doce años de prisión, la fiscalía también pide la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante 14 años, y siete años de libertad vigilada después del cumplimiento de la pena.
El acusado, que se encuentra en libertad, ha consignado 10.000 euros y ha pedido la atenuante por reparación del daño. Es la cantidad que pedía el fiscal como responsabilidad civil.