El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), aseguró este martes que la comunidad de propietarios del Pla Parcial 10 «ya ha escogido» a la empresa que se ubicará en el nuevo barrio de Ponent y que sustituirá a IKEA, que en junio de 2012 firmó un preacuerdo con el Ayuntamiento mediante el cual se comprometía a pagar un total de 15,7 millones de euros para adquirir todos los derechos comerciales del futuro barrio, que se prevé que esté situado entre la carretera T-11 y el Anillo Mediterráneo de Campclar.
Pese a que desde el Consistorio se asegura que la multinacional sueca aún no ha confirmado que renuncia al proyecto para abrir un gran almacén en la ciudad, lo cierto es que propietarios y administración municipal ya hace meses que priorizan el plan B, ante la falta de novedades oficiales que hay por parte del gigante de los muebles a low cost. Ayer, en una entrevista en Tarragona Ràdio, Ballesteros rechazó –«por motivos de confidencialidad»– dar el nombre de la compañía que finalmente se ubicará en la zona de Ponent, pero aseguró que la inminente firma del acuerdo «es un hecho».
A lo largo de las últimas semanas se ha especulado con nombres como Tesco y Conforama, pero ayer las fuentes consultadas por este periódico afirmaron que las conversaciones «no están cerradas» y que «hay más interesados».
2,7 millones durante 2019
Ballesteros resaltó durante la entrevista que el acuerdo con la nueva firma «permitirá desarrollar el nuevo barrio tal y como estaba previsto». De hecho, en los presupuestos municipales de este 2019 –que ayer entraron en vigor– prevén una inversión de 2,7 millones de euros para la urbanización del sector, que servirán para dar el primer paso para que el nuevo barrio pueda ser una realidad.
Se da la circunstancia de que en octubre de 2017 se adjudicaron las obras de urbanización del espacio, por un importe de 10,2 millones de euros, que 15 meses después aún no se ha ejecutado. La superficie del Pla Parcial 10 es de 302.784 metros cuadrados, de los que 68.000 se destinarán a usos comerciales, donde se debía implantar IKEA, y 30.829 metros están diseñados para uso residencial.
El resto de la superficie del ámbito está destinada a equipamientos, espacios verdes y sistema viario. Se prevén 1.200 viviendas, de las cuales 424 serán de protección pública y 160 de alquiler social. Se calcula que vivan allí unas 4.000 personas.
