Uno de los hombres juzgados para integrar una macrorred de pornografía infantil destapada en Tortosa (Baix Ebre) ha salido de su celda en el centro penitenciario de Mas d’Enric (en El Catllar) porque todavía no se ha dictado sentencia, según la interlocutoria. El acusado ha finalizado el periodo de prisión preventiva, prolongado hasta un máximo de cuatro años.
Agotado este tiempo y sin sentencia condenatoria, el procesado ha podido salir en libertad este viernes a las 18 horas del centro penitenciario de Tarragona han confirmado fuentes penitenciarias. El otro acusado y líder de la trama finaliza su auto de prisión preventiva en septiembre. Ambos fueron juzgados hasta el mes de febrero de este año y se enfrentaban apenas severas de prisión.
Como medidas cautelares, se ha decretado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias semanales al juzgado. Ambos procesados son de nacionalidad francesa y se da la circunstancia que huyeron a medio juicio a Francia, cuando se los juzgaba en 2019 con cuatro miembros más de la red desarticulada el 2015, ya condenados y encarcelados.
Los dos fueron localizados meses más tarde y fueron nuevamente juzgados en Tarragona, desde noviembre hasta este pasado febrero. La Generalitat se había personado como acusación particular en un caso destapado por la DGAIA (Direcció General d’Atenció a l’Adolescència i a l’Infància).
El principal acusado, todavía en prisión, se enfrentaba inicialmente a más de mil años de prisión por abuso sexual de menores, y grabar y distribuir pornografía infantil -con un centenar de víctimas identificadas, si bien podría haber más-. Él mismo reconoció de forma genérica los hechos, mientras que el que ha salido de prisión., colaborador suyo, lo negó, alegando que solo era consumidor de porno. A las conclusiones finales se le solicitaban 200 años de prisión. El juicio, que duró tres meses, quedó visto para sentencia en febrero.
Ésta, pero, más de cinco meses después del juicio a la sección segunda de la Audiencia de Tarragona, todavía no está redactada. La fiscal en jefe, María José Osuna, consciente que se agotaba el límite de la prisión preventiva de los procesados y de la gravedad de los delitos, presentó un escrito solicitando que se notificara la sentencia y, si era condenatoria, que se prorrogara la prisión hasta la mitad de la pena.
Pero la sentencia no se ha notificado y uno de los procesados ha podido salir en libertad, una situación, según la fiscal en jefe, no muy habitual en el sistema judicial.