Entre la noche de ayer y primera hora de esta misma mañana se confirmó la paralización de la quinta orden de desahucio de Fátima, una vecina del número 41 de la calle Sant Magí de Reus que, hace un lustro, ocupó un piso de un fondo buitre y que lo habita desde entonces en condiciones muy precarias. Entre mayo y noviembre, Fátima ha afrontado cinco fechas de lanzamiento. La última era este 10 de noviembre. Issam Oudriss, portavoz del Sindicat d’Habitatge de Reus, explica que «hemos podido frenarlo a última hora, como siempre, y hemos visto la luz porque se ha constatado que efectivamente ella no tiene alternativa habitacional y que teníamos razón», aunque lamenta que «pese a todo, volvemos a estar preocupados, pendientes, mirando qué podemos hacer, porque la situación es la misma».
En esta quinta ocasión, además de informes de vulnerabilidad, «al juez también se le ha hecho llegar un certificado conforme Fátima no tiene ingresos» porque «llevamos varios meses trabajando conjuntamente con Servicios Sociales, ya que económicamente ella solamente cuenta con un familiar que vive en Reus y que de vez en cuando le echa una mano». A partir de aquí, «la trabajadora social nos sugirió que le comunicásemos esto al juzgado». El caso se estaba siguiendo, según apunta el Sindicat d’Habitatge, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus.
Sin agua corriente ni luz
En cuanto a las posibles alternativas habitacionales para Fátima, Oudriss sostiene que «no tiene ninguna», pero puntualiza que «el hecho de que el Ayuntamiento te mande una semana a una pensión, por ejemplo, ya se considera legalmente una alternativa sin que en realidad lo sea». «El juez se agarra a que, aunque el Ayuntamiento le propone a Fátima compartir un pequeño piso con una familia cediéndole una habitación, no podría entrar en él hasta diciembre y, con esto, intenta salvar un poco la casa que ya es insalvable, dejando suspendido el desahucio», añade el portavoz del Sindicat, y valora que «lo que le ofrece la administración es nefasto pese a tener todos los recursos del mundo, que sí los tiene». «Dinero para que las constructoras levanten pisos en la Riera Miró sí lo hay pero para colectivizar viviendas de bancos y poner en ellos a familias que lo necesitan, entonces no», critica.
El piso donde vive Fátima es propiedad de Gramina Homes. La mujer no cuenta con suministro eléctrico ni agua corriente. Es diabética y, por eso, necesita una nevera donde guardar la insulina. Vecinos le hacían el favor pero, con la Covid-19, el confinamiento y el miedo al contagio, su situación se complicó y recurrió al Sindicat d’Habitatge de Reus. Mohamed El Mouloudi, vecino del bloque y que también se unió al Sindicat a raíz de este caso, indica que «en los últimos años en que no ha tenido agua, entre todos la hemos ido ayudando en todo lo que hemos podido porque cualquiera que se encuentre en esa situación querría lo mismo». «Somos personas y venimos aquí por una razón, que la vida sea agradable para todos», añade, y dice que «al pueblo solo nos utilizar para robarnos lo que es nuestro».
