¿Está el sector público sobredimensionado?
A pesar de que a partir de la crisis ha habido la voluntad de adelgazar –o, en un lenguaje más técnico racionalizar–, en algunos ámbitos aún hay un exceso de entidades instrumentales, como organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas...
¿Por qué se crearon?
A veces se justifica con motivos de eficacia y eficiencia pero creo que podemos cuestionarnos la utilidad real de estas entidades y si detrás de todo no encontramos también la simple voluntad de optar por la aplicación de normativas más flexibles que permitan ‘huir de las garantías propias del derecho administrativo’.
¿En qué momento nos encontramos ahora?
Es una fase de transición. Por un lado, porque las consecuencias de la crisis aún son evidentes, pese a que parece que estemos en un momento de recuperación y de expansión económica. Uno de los temas que tenemos pendientes es el endeudamiento del sector público, que podría llegar a poner en peligro algunas políticas sociales –sanidad, pensiones– tal y como las conocemos.
¿Y por el otro?
Nos encontramos con una administración pública que tiene que ir adaptándose a los retos que plantea la utilización de las nuevas tecnologías. Como apuntan algunas normas legales, se tiene que convertir en una verdadera administración digital, y eso plantea muchos interrogantes en lo que respecta a recursos, formación de los empleados...
¿Dónde están los principales problemas de eficiencia de los ayuntamientos?
Uno de ellos es el sistema de financiación, que hasta ahora ha dependido en exceso del urbanismo y de las subvenciones de otras administraciones. La parálisis institucional ha impedido que se pueda afrontar la reforma de la legislación básica estatal en esta materia. Veremos si el nuevo gobierno puede tirar adelante algunas de las propuestas que se han hecho.
¿Dónde más se puede actuar para ganar eficacia?
Son necesarias reformas organizativas, comenzando por la propia estructura del gobierno local. En Catalunya tenemos municipios, comarcas, provincias, entidades descentralizadas, el Àrea Metropolitana de Barcelona, las posibles veguerías, a las que hay que añadir todas las entidades instrumentales locales como mancomunidades, consorcios... Tenemos que plantearnos seriamente si la existencia de esta diversidad se justifica y si no sería posible simplificar y clarificar funciones.
¿Y en los ayuntamientos?
Se puede pensar en la necesidad de diferenciar más claramente política y administración, separando orientación política de gestión. ¿Tiene sentido que la adjudicación de un determinado contrato o licencia de obras, un tema eminentemente técnico, tenga que corresponder a órganos de naturaleza política como el alcalde?
¿Cuál es la fórmula para mejorar la eficacia a nivel local?
No hay una receta mágica. Una buena medida pasa por la profesionalización y capacitación del personal. La inversión en formación es un elemento esencial para asegurar la competitividad. Pero no es suficiente. Hay que pensar en mecanismos para mejorar la transparencia y el control en la utilización de los recursos públicos y en la implementación de las nuevas tecnologías para reducir gastos y mejorar la calidad de los servicios.
El ayuntamiento de Tarragona quiere contratar a un director de recursos humanos para «poner orden». Busca optimizar la plantilla con una gestión profesionalizada. ¿Es habitual esta necesidad?
La profesionalización de los empleados públicos es una necesidad cada vez más evidente de todas las administraciones. Es común que aquellas con más volumen de actividad, como en Tarragona, se doten de personal necesario para dirigir, planificar y evaluar la gestión de los recursos humanos.
¿Tenemos un exceso de administraciones?
A mi entender sí, tenemos un exceso de niveles de administración, especialmente locales. Se produce tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo. Hay muchos tipos y además son muchas. Solo en Catalunya tenemos más de 950 municipios, la mayor parte de menos de 1.000 habitantes.
¿Qué se puede hacer?
Hace falta simplificar y clarificar los diferentes niveles de gobierno local que tenemos, tendiendo a la refundición institucional donde sea posible.
¿Hay problemas de productividad en el empleo público?
Una de las medidas propuestas para mejorar la función pública es la retribución por objetivos, que ya se ha testado en algunas administraciones públicas de Catalunya. Ya desde los 80 hay debate. No es una novedad absoluta, pero parece que hay más predisposición para llevarlo a la práctica.
¿Qué puede aportar?
Mejorar la motivación de los empleados públicos e, indirectamente, su productividad, lo que redundará en la eficiencia y calidad de los servicios públicos. Pero será siempre un mecanismo complementario, que no puede sustituir la necesidad de dotarnos de una organización adecuada y sostenible.
