Una juez de Reus investiga al alcalde de la ciudad, Carles Pellicer, y a otros seis concejales del Ayuntamiento de distintos partidos políticos (PDeCAT, ERC, CUP y Ara Reus) por un presunto delito de incitación al odio por firmar un manifiesto de condena a la represión policial del 1-O y pedir la retirada de los agentes de refuerzo de la Policía Nacional desplazados a la capital del Baix Camp.
La denuncia, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus, fue presentada por la propia Policía Nacional contra los «escraches» que, aseguran, habrían padecido a las puertas del Hotel Gaudí donde se hospedaban.
La documentación presentada ante la juez recoge un amplio informe con fotografías, identificaciones de ciudadanos y noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre las distintas manifestaciones organizadas en la ciudad entorno al referéndum del 1-O. Y es que la macrocausa no termina con los siete cargos políticos investigados y también suma otras siete personas más acusadas de los delitos de odio, coacciones y malversación de fondos públicos.
También se investiga al propietario de un gimnasio que habría expulsado a los agentesEntre estos estarían miembros de la izquierda independentista del Camp de Tarragona y bomberos que, «estando fuera de servicio», utilizaron el material del que disponen para «lanzar proclamas a favor del referéndum, la independencia y arengas contra los integrantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil». Asimismo lo recoge la denuncia a la que ha tenido acceso el Diari y que también desvela la acusación hacia el propietario de un gimnasio que, supuestamente, habría expulsado a agentes del cuerpo policial y les habría impedido el acceso posteriormente.
El alcalde Pellicer ha salido este viernes en rueda de prensa acompañado por los otros seis concejales investigados -Montserrat Vilella (PDeCAT); Jordi Cervera (Ara Reus); Noemí Llauradó (ERC) y Marta Llorens, Mariona Quadrada y Oriol Ciurana (CUP)- para defender la actuación del Ayuntamiento y denunciar públicamente el «despropósito» de «una causa general contra el movimiento soberanista de Reus a manos de la Policía Nacional».
Durante su intervención, también ha tachado la macrocausa de «delirio colectivo» por exponer un relato «que mezcla hechos inconexos y aislados y los empaqueta para denunciar supuestos delitos de coacciones, amenazas, odio y malversación». Antes de terminar sus palabras ha querido dejar bien claro que «nos citan para defender la convivencia en la ciudad en un momento de fuerte represión policial. Siempre hemos trabajado y trabajaremos para la democracia y la libertad de los ciudadanos».
‘Caza de brujas’
En una línea parecida se han expresado el resto de portavoces municipales, los cuales destacaron que la convivencia en la ciudad «sólo se rompió cuando llegaron los excedentes policiales». Mientras que la líder de ERC, Noemí Llauradó, ha descrito la actuación de la Policía Nacional de «golpe de estado en toda regla», su homónima en la CUP, Marta Llorens, ha señalado que las denuncias a ciudadanos surgían de «ficheros políticos ilegales» y añadió que «nos encontramos ante una caza de brujas». Por su parte, el portavoz de Ara Reus, Jordi Cervera, y al igual que el resto de compañeros del equipo de gobierno, ha subrayado que «con la firma del manifiesto quería incentivar la paz y no el odio».
Los cargos políticos deben ir a declarar el próximo jueves 23 de noviembreTodos los cargos políticos deberán comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Reus el próximo jueves día 23 de noviembre. Mientras que los ediles cupaires no desvelaron si se presentaran ante la justicia, el resto sí que dejó clara su intención de declarar para continuar mostrando «la más enérgica condena a la represión y a la violencia gratuita e injustificable». Desde el Ayuntamiento de Reus también han explicado que mantienen contactos con los abogados voluntarios que crearon la plataforma #AdvocatsReus1-O.
En el auto remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la juez pide a la comisaría de la Policía Nacional que identifique a los agentes que presenciaron la manifestación convocada el pasado 3 de octubre delante del Hotel Gaudí, así como los que fueron expulsados de un gimnasio de la población. La magistrada también requiere al cuerpo de Bomberos de Reus que le informe de los «servicios e incidencias» del pasado 3 de octubre, cuando tuvieron lugar los «escraches», y de «las salidas que efectuaron el día mencionado con los camiones», así como el cuadrante de trabajo de la plantilla.