El comité de empresa de Reus Transport ha interpuesto una denuncia a Inspección de Trabajo por un conflicto laboral con la propia compañía por «incumplimientos del convenio» relativos al «cobro del sueldo base por debajo del convenio, desigualdades en los contratos eventuales y una mala gestión de los descansos» que afecta directamente a los trabajadores.
Ante la «negativa rotunda» de la empresa, no descartan «tomar medidas legales», tras las reactivación de la actividad en los juzgados. Aunque los trabajadores se muestran «indignados» por dicha actitud, «nos mantenemos abiertos a hablar y poder hallar una solución consensuada», apuntan los asesores legales que tratan el conflicto laboral de la plantilla. Dicha denuncia colectiva está secundada por 36 trabajadores, según cifras aportadas por el comité. Fuentes municipales desmienten tales afirmaciones, así como los supuestos incumplimientos y dicen haber cumplido con el convenio colectivo.
«Llevamos años sufriendo unas represalias tanto a nivel salarial como de disposición de horarios, pero el asunto se ha vuelto más grave este año y, especialmente, desde que la empresa nos exigió recuperar las horas con nuestras vacaciones, de forma gratuita, sin respetar los descansos», explica la presidenta del comité de Reus Transport, Neus Haro. Pide, en nombre de los trabajadores, que se les regule el convenio. «La empresa no quiere sentarse a hablar. Es una situación insostenible porque cada conductor tiene, además, unas condiciones laborales diferentes. Se perjudica a los trabajadores eventuales que, aunque hacen el mismo trabajo que nosotros, cobran menos», expone Haro, quien añade también que existen otras reivindicaciones antiguas, como el reclamo de un servicio para los trabajadores.
Según se expone en el documento de denuncia a Inspección de Trabajo, al que ha tenido acceso el Diari, miembros del comité de empresa «han sido objeto de expedientes disciplinarios» y en el relato de los hechos se detallan las reivindicaciones de los trabajadores anteriormente expuestas. «La empresa, a pesar de su condición de servicio esencial conforme al Real Decreto-Ley 10/2020, del 29 de marzo de 2020 y que el artículo 14 del Real Decreto 463/2020 obligaba a mantener la oferta de transporte, –de forma unilateral y sin pacto con la representación de los trabajadores– decidió una reducción del servicio como de las horas de prestación del mismo. (…) A pesar de no estar legitimada su petición, (la empresa) exigió a los trabajadores la recuperación de las horas no trabajadas entre los días 16 de marzo a 4 de mayo de 2020 a cuenta de los días de descanso y vacaciones», se dice en el documento.
Un convenio colectivo
En el mismo también se manifiesta la voluntad del comité de tener la «oportunidad de disponer de un convenio colectivo de empresa», su petición principal. Y es que «además de necesitar una actualización», es «plenamente discriminatorio en cuanto no reconoce a los trabajadores con una antigüedad menor de 18 meses una serie de pluses a razón del trabajo realizado, que sí disfrutan los trabajadores fijos», dice el documento y ratifica el abogado y asesor legal de los trabajadores, Roger Queralt.
Como solución, el abogado Sergi Montaña, que también estudia el caso, especifica que «el convenio debería actualizarse y, aprovechando la ocasión, fusionar toda la normativa que se aplica a la empresa. En definitiva, unir y negociar para llegar a un nuevo convenio de empresa. No entendemos la rigidez de la postura de Reus Transport», subraya.
Por su parte, la abogada laboralista Adela Lozano (que completa el equipo legal al frente del caso), explica que «vimos que las condiciones de cada trabajador no estaban dentro de la normalidad, que cada caso era diferente. Esto crea incertidumbre. Las antigüedades no están bien puestas, entre otras cosas, y nos planteamos pedir una auditoría nueva», manifiesta para después reiterar: «Necesitamos un convenio específico para Reus Transport, estructurado y estatutario».
Otra cuestión en la que están trabajando es en una reclamación de cantidades. «Si aplicamos el convenio, vemos que el salario que están cobrando los trabajadores tiene una diferencia de 1.530 euros anuales, en comparación con el convenio de 2019 y 2020», señala Lozano. A esto, aporta Queralt, se le suma la aplicación de una reducción del 4,5% de la nómina a los trabajadores que se encontraban en activo en 2009, 2010 y 2011, pero que aún se mantiene «aunque hayas empezado a trabajar en 2017», expresa. «Se trata de un concepto salarial, un reajuste que se les aplica a los trabajadores sin estar establecido en ningún convenio, ni ley, y que se adjudica a cualquiera que se incorpore», concluye Queralt.
