Inspección de Trabajo ha concluido que Ferrovial vulneró el derecho a huelga de los trabajadores del 112 en Reus por Sant Joan. Los empleados convocaron una huelga el día 23 de junio de cara a la verbena y denunciaron que la empresa había actuado incorrectamente.
En el informe de la inspectora de trabajo se apunta que dos trabajadores con la categoría de coordinadores hicieron tareas de gestores y teleoperadores. Esta "movilidad interna", por trabajo se considera "un ejercicio abusivo de poder" que produjo "una reducción de los efectos de la huelga". Por todo ello ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador. Según el comité de huelga, se podría inhabilitar a Ferrovial para ser contratada por el sector público.
El informe de inspección de trabajo se firmó el pasado 30 de noviembre, después de que la inspectora hubiera escuchado las dos partes durante el mes de septiembre. El documento expone que la huelga "es un derecho constitucional", por lo cual "ni el empresario puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros".
El procedimiento administrativo sancionador que se ha iniciado lo resolverá el jefe de la sección de relaciones colectivas y sanciones del Departament de Treball, en Tarragona, en calidad de autoridad laboral competente.
Demandas judiciales
El comité de huelga del 112 ha apuntado en un comunicado que este procedimiento sancionador "abre la puerta a posibles demandas judiciales por atentar contra los derechos fundamentales de los trabajadores", que "podrían inhabilitar a la empresa para ser contratada por el sector público durante un periodo máximo de cinco años, en función del que dictamine la sentencia".
Los trabajadores del 112 continúan en huelga indefinida y han lamentado que "Ferrovial, lejos de buscar una solución al conflicto, se enroca en una posición inmovilista que parece no tener fin, mientras vulnera los derechos de la plantilla ante la inacción de la Generalitat".
