El pleno del Ayuntamiento de Reus aprobó la mañana de este viernes una modificación del contrato formalizado con la unión temporal de empresas (UTE) Valoriza-Romero Polo, adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza de la vía pública, para incluir un sobrecoste de 364.628,33 euros. Es el importe adicional que deberá salir de las arcas municipales con la finalidad de compensar, tal como detalló la concejala de Hisenda, Mariluz Caballero, el gasto del alquiler de vehículos que la UTE tuvo que desembolsar entre octubre de 2021 y este marzo para desarrollar sus labores, teniendo en cuenta que el mal estado de la flota anterior no le permitía operar.
Caballero precisó que la UTE apoyaba la reclamación de la cantidad en «la demora en la tramitación del expediente de contratación, motivada por la interposición de recurso contra la adjudicación, y la duración del contrato anterior superior a la prevista», y apuntó que «esos hechos provocaron que hubiese una serie de vehículos que, en aquel momento, no estaban en la situación que se requería para prestar el servicio».
La modificación se aplica solo al lote 1 de los cuatro que integraron el proceso de licitación, y fue criticada por la oposición pese a que solo la CUP voto en contra mientras que el resto se abstuvo. El portavoz del grupo municipal del PSC, Andreu Martín, valoró que «lo que está recogido en el expediente justifica que el Ayuntamiento deba hacer este gasto» pero lamentó que «estamos en la constatación de como toda la gestión de una cosa completamente previsible como es el nuevo contrato de un servicio, cuando se agota su período de vigencia, acaba en prórrogas, un anterior pago de alquiler de material que iba hacia el millón de euros y ahora más de 300.000 euros para estos seis meses de vehículos que no estaban o que estaban defectuosos».
Y es que, efectivamente, en abril de 2020 –antes de que se produjese la adjudicación a la nueva UTE, que tuvo lugar en diciembre y cuya acta de inicio de ejecución se firmó en enero de 2022–, el pleno ya había aprobado el alquiler de maquinaria por valor de un millón de euros.
Por su parte, al frente de la CUP, Marta Llorens insistió en que «la única manera de hacer una buena gestión es internalizar» y subrayó que «no hay que olvidar que nos hemos hipotecado diez años más con un contrato a una nueva empresas. ¿Cómo pasaremos estos diez años?. «El fantasma de FCC aún nos rige en nuestra toma de decisiones», criticó. Y la portavoz de Cs, Débora García, incidió en que «el Ayuntamiento era consciente de que debería pagar un sobrecoste» y en que «conocía el mal estado de los vehículos y no previó otras fórmulas que evitaran la situación en la que estamos».
El PSC acusa al gobierno de vincularlo a un incremento salarial
El jefe de la oposición también lanzó una acusación: «Pensamos que la política debe tener unos límites y una ética pero hay algún concejal del gobierno que va diciendo que esto que se está haciendo tiene que ver con un incremento retributivo a los trabajadores», dijo, cosa que «estaría bastante fuera de la legalidad y podría comportar un problema». La plantilla de la limpieza había convocado para este verano una huelga vinculada a las condiciones laborales que finalmente no se llevó a cabo tras alcanzar un principio de acuerdo por un incremento del 4%. «No vale todo, no vale engañar», dijo Martín.
Caballero, en la réplica, se dirigió al socialista y avisó de que «no caeré en su trampa. Engañar y manipular no creo que haya formado parte de mi propuesta, de lo que hoy llevamos al pleno, y no entraré en un debate así». Animó, también, a Martín a «cualquier insinuación, hacerla en otro sitio si es que está tan convencido». El movimiento cuenta con los avales legales necesarios, tal como destacó la concejala de Hisenda.
Este rotativo ya avanzó que la renovación de la flota de vehículos de la limpieza viaria y la recogida de basuras no culminará hasta octubre, pese a que el plazo inicialmente previsto culminaba en mayo. A fecha de 1 de julio, faltaban por llegar una treintena de unidades. Fuentes municipales atribuyeron el retraso a la crisis global de suministros. La contrata se adjudicó por 11,7 millones de euros al año.