El pleno del Ayuntamiento de Reus dio ayer luz verde al nuevo contrato de la recogida de la basura. El servicio de limpieza y recogida de residuos municipales se ha adjudicado por un período de diez años a la UTE Valoriza Servicios Medioambientales Romero Polo, con un presupuesto de 10.642.435, 92 euros más IVA anuales. Se trata de uno de los contratos más importantes del consistorio que ha acarreado polémica en las últimas semanas. El equipo de gobierno lo aprobó en solitario, con los votos en contra de la oposición.
La concejala de Hisenda, Mariluz Caballero detalló que tan solo se presentaron dos empresas al concurso, la UTE Valoriza-Romero Polo y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la compañía que había llevado el servicio en la ciudad durante los últimos 53 años.
Valoriza-Romero Polo rebajó del 6% al 2% el beneficio industrial. La empresa prevé tener un beneficio anual de 206.000 euros frente a los 600.000 que esperaba ganar FCC.
Pero la oposición cree que esta adjudicación no será suficiente para garantizar un servicio de limpieza y recogida de la basura de calidad.
El portavoz del PSC, Andreu Martín, valoró que el hecho de que tan solo se hayan presentado dos empresas es un indicador de que esta licitación «es objeto de mejora». Martín reconoció que la licitación tiene puntos positivos pero «hay elementos que nos limitan para tener un servicio de máxima calidad». El socialista explicó que el nuevo contrato no contempla educadores ambientales ni campañas de sensibilización sobre reciclaje. Lo que considera que puede ser perjudicial para llegar al 60% de residuos reciclados en la ciudad en 2030.
Desde el PSC temen que el presupuesto a la baja pueda repercutir en la calidad del servicio o en las condiciones de los trabajadores. Entienden la preocupación de la plantilla y concluyen que la empresa adjudicataria no ha justificado suficiente el motivo de las bajas presentadas.
La CUP insistió de nuevo en que esta adjudicación supondrá «hipotecar dinero público 10 años en una empresa privada». Marta Llorens, la portavoz de la formación independentista, aseguró que «la única opción de mejora para los derechos laborales de los trabajadores y para que la ciudadanía salga beneficiada, es la internalización del servicio».
Los anticapitalistas consideran que se trata de una propuesta «continuista, de mínimos». Al igual que el PSC, lamentó que en la nueva contrata no se hayan incluido educadores ambientales ni campañas pedagógicas para mejorar la recogida selectiva.
La CUP criticó que las dos únicas empresas que se presentaron hayan sido multadas por repartirse las contratas de limpieza y recogida de la basura de grandes ciudades de España. «Lo que están haciendo ustedes, ya sea con FCC o Valoriza es un gran pacto con el diablo», concluyó Llorens.
Desde Cs, pusieron de manifiesto que aunque no se trate de bajas temerarias, «no debe decir que no nos debamos preocupar», dijo la portavoz, Débora Garcia. La formación considera que si el margen de beneficio es reducido, será más complicado que la empresa «mejore las condiciones de sus trabajadores o sus servicios».
Garcia apuntó que «si una empresa obtiene mayor puntuación técnica pero se adjudica a la oferta más barata, irá en prejuicio del servicio. Y expuso que se debería haber valorado con una mayor puntuación la empresa que proponía quitar los contenedores soterrados del centro de la ciudad por su elevado coste.
Finalmente, el exconcejal de Cs, Raúl Meléndez, que ahora es concejal no adscrito, lamentó que «nadie ha quedado contento». Criticó que la oposición tuviera más información por los medios de comunicación que a través del equipo de gobierno. «La adjudicación llega tarde, tras dos prórrogas, no sé si la espera habrá valido la pena», concluyó.
La concejala de Hisenda defendió que la nueva empresa debe garantizar las mismas condiciones laborales que tenían los trabajadores. «El licitador debe respetar los convenios colectivos del sector», dijo Caballero, que alertó de que si se incumplieran se verían obligados a rescindir el contrato y a sancionarlos. La concejala aseguró que internailzar el servicio «no es viable» y que supondría una inversión de 17 millones, frente a les 1,3 de ahorro anual que defiende la CUP.
La empresa FCC registró el viernes un escrito en el Ayuntamiento mostrando su desacuerdo con la adjudicación. En él se apuntan «graves irregularidades» y se solicita que sean enmendados, ya sea con la exclusión de la adjudicataria o con un cambio en la puntuación. Ahora, una vez aprobado por pleno, FCC tiene 15 días para impugnar la adjudicación.
La plantilla también está en contra del proceso de adjudicación y se han movilizado en las últimas semanas. En un informe el departamento jurídico de la UGT ponía en duda el criterio de puntuación de la mesa de contratación y la excesiva baja prevista y su afectación sobre el personal.
Los otros lotes
La oposición sí que votó a favor de la adjudicación a la Associació de Familiars de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo Taller Baix Camp de la gestión y el mantenimiento de los residuos con un presupuesto de 273.817 euros anuales y la gestión y la explotación y mantenimiento de la planta de voluminosos, con un presupuesto de 1966.954,82 euros.
El pleno adjudicó el cuarto lote de servicio, de integración tecnológica, a Traida Telecom SAU, por 37.800 euros anuales.