Nada más producirse la detención de Carles Puigdemont en el aeropuerto de L’Alguer, todos los actores que participan en nuestro peculiar teatro de la política bordaron sus respectivos papeles. El Consell per la República calificó la actuación italiana de «ilegal», Pere Aragonès denunció la «persecución judicia» y señaló que «la represión solo se parará con la amnistía y la autodeterminación», la derecha española celebró desacomplejadamente el arresto y aprovechó la ocasión para atizar al gobierno, y la Moncloa procuró adoptar una posición lo más ecuánime posible, recurriendo a los tópicos de rigor: manifestar su «respeto por las decisiones de los tribunales de Italia, España y Unión Europea», destacar que el expresident «debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano», etc.
Como mínimo, este incidente puede analizarse desde una doble perspectiva, la jurídica y la política, aunque el primer plano nos resulte crecientemente enrevesado e ininteligible para la inmensa mayoría de los mortales. Más o menos, por resumir el tema, el origen del sainete se encuentra en las euroórdenes de detención que Pablo Llarena cursó en 2019 contra los líderes procesistas. Tras la negativa de Bélgica a entregar al exconseller Lluís Puig, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), solicitando aclarar las razones por las que se puede rechazar una OEDE. La consulta fue admitida a trámite, dejando presuntamente en suspenso la euroorden contra el expresident hasta su resolución, aunque generando cierta controversia jurídico sobre si esta suspensión afectaba sólo a los arrestos realizados en Bélgica o en toda la UE. Y para enredar más las cosas, el pasado 30 de julio se retiró la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, una decisión recurrida ante el Tribunal General de la Unión Europea (TUE), que desestimó el recurso con una letra pequeña que envuelve dicha vulnerabilidad en otro complejo y alambicado debate jurídico. De hecho, el prófugo también viajó recientemente a Francia de forma pública, y las autoridades galas ni siquiera amagaron con detenerle, un hecho que algunos atribuyen a la histórica tendencia de París a mirar hacia otro lado ante los conflictos político/penales originados al sur del Pirineo.
En cualquier caso, el expresident pasó la noche del jueves en la cárcel de Sassari, a la espera de comparecer ante el tribunal que debía decidir sobre el arresto. Al día siguiente, el dirigente independentista participó telemáticamente en la vista ante la Corte de Apelación local, donde se convalidó la detención por haberse realizado conforme a la ley. Sin embargo, se acordó su puesta en libertad sin ninguna medida cautelar, con la obligación de comparecer el próximo 4 de octubre para resolver si es entregado o no a las autoridades españolas. La mayoría de apuestas se inclinan hacia el rechazo final de la extradición por parte de los tribunales italianos, lo que supondría un nuevo revolcón para la justicia española en general, y para Pablo Llarena en particular.
Desde una perspectiva estrictamente política (mucho más interesante y trascendente a medio y largo plazo), aunque de las declaraciones posteriores a la detención podría deducirse que los equipos de esta competición de dobles son PSOE-PP y ERC-JxCat, dicha imagen es sólo el fruto de un efecto óptico. En efecto, Carles Puigdemont se ha convertido en una dolorosa piedra en el zapato para socialistas y republicanos, y en una bombona de oxígeno para el rupturismo postconvergente y la derecha española. La primera pareja intenta reconstruir dificultosamente un puente de pragmatismo entre la Generalitat y la Moncloa, bajo una tormenta de dagas de sus presuntos compañeros y obuses de sus manifiestos adversarios. El objetivo de ambos gobiernos es lograr un entendimiento mínimo que facilite pasar página a un proceso independentista clamorosamente fracasado y agotado. Es el único modo que tiene Pedro Sánchez de aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado, y la principal arma republicana para poner en evidencia el planteamiento delirante en el que se ha instalado JxCat. En el otro lado del campo, el incidente de Cerdeña ha permitido recuperar cierta presencia política a Pablo Casado, un líder en declive con tendencia a desaprovechar los muchos puntos que el gobierno le deja en bandeja, y también ha dado munición a los postconvergentes para atacar la mesa de diálogo que defienden socialistas y republicanos. Nada más conocerse la detención, el vicepresidente Puigneró declaró que el tiempo «está dando la razón» a quienes avisaban de que esta iniciativa no serviría para «detener la represión ni solucionar el conflicto», mientras los manifestantes de ANC gritaban «fuera la mesa de diálogo» frente al consulado italiano en Barcelona.
El ombliguismo ensimismado y el victimismo metódico son los dos combustibles que están dilatando la agonía del procesismo, y estas pequeñas batallas en la guerra de Puigdemont contra el aparato judicial español siempre proporcionarán más gasolina, acaben como acaben: si no hay entrega, por ombliguismo (el mundo nos mira, Europa nos respalda, España hace el ridículo…), y si hay entrega, por victimismo (sectarismo judicial, fraude legal, acoso policial…). La banca siempre gana. Las andanzas del expresident son un problema gangrenado que puede retrasar indefinidamente el epílogo de esta década perdida, y un lastre para quienes desean iniciar un nuevo tiempo constructivo, sensato e integrador. Sin duda, el espacio sociopolítico convergente debe ser reconstruido, recuperando las señas de identidad que lo convirtieron en un motor para el crecimiento económico y la consolidación política de Catalunya. Pero en el camino hacia este objetivo, la figura del hombre de Waterloo es un obstáculo insalvable, desde que decidió priorizar su posición personal sobre el interés colectivo. Y lo de Elba o Santa Elena ya no se lleva. Todos sabemos cómo acabará esto, antes o después: detenido, entregado, condenado, encarcelado e indultado. Por el bien del país, cuanto antes, mejor.
