En el Parlament ha entrado la propuesta de una ley que acabe con la situación de las «personas sin techo». La firman la Comunitat de Sant Egidi y fundaciones como Arrels, Càritas y Sant Joan de Déu.
Se trata de que estas personas (se estima unas 18.000), puedan residir en una pensión, un albergue o un espacio equiparable, donde tengan cama, ducha, servicio de lavadora, consigna y al que puedan acudir las 24 horas del día, todo ello sin discriminar a nadie que no tenga domicilio fijo a la hora del empadronamiento municipal.
Es un paso importante en el que la colaboración público-privada resulta indispensable. Administración y entidades benéficas deben trabajar juntas. Los pobres más pobres necesitan un techo y les da igual quien se lo ponga.
