Aunque el Catastro y los ayuntamientos se limitan a cumplir con la Ley, este proceso de regularización catastral, que no revisión catastral, tiene efectos recaudatorios, ya que ha incrementado en todos los casos el valor catastral, lo que tiene incidencia directa sobre la cuota a pagar de IBI. También se cobra una tasa generalmente de 60 euros para pagar y sufragar los costes de dicha regularización por no haber realizado los propietarios una autodeclaración voluntaria.
Los ayuntamientos no han moderado, sin embargo, sus tipos impositivos en el IBI y el Catastro tampoco ha regularizado a la baja el valor de muchos inmuebles cuyo valor ha descendido y bajado hasta un 50% , de la época en la que fueron valorados catastralmente en los años 2005 y siguientes.