El gobierno acaba de alargar por Decreto-Ley 2/2022 la prohibición de desahucios a ciertos okupas hasta el 30 de septiembre de 2022 (medida, en principio, excepcional que se había tomado por la pandemia), que se suma a la prórroga de la prohibición de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias firmes hasta 2024, que lleva vigente desde 2013 y que no tiene parangón en Europa.
Mientras tanto, en Barcelona, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley por la cual las entidades financieras y fondos estarán obligados a ofrecer un «alquiler social» a los que okupen sus viviendas por siete años mínimo y que la Administración considere vulnerables, antes de poderlos desalojar judicialmente, alquiler que pagaremos entre todos.
Nuestros «padres (madres, o adres) de la patria» han sido incapaces de hacer una política coherente de vivienda desde la crisis financiera global de 2007.
Quince años, cientos de normas y políticas multinivel, millones de euros públicos gastados, para que la tasa de sobreendeudamiento familiar debido a la vivienda en nuestras ciudades en 2019 fuese aproximadamente la misma que la de 2011, uno de los peores años de la crisis.
Ellos han incumplido a lo que les obliga el artículo 47 de la Constitución y resulta que, tras impedir mediante diversas leyes que las familias con ingresos más modestos puedan ser propietarias creando por ello desde 2016 una burbuja del alquiler sin precedentes, ahora traspasan su responsabilidad (la que justifica su sueldo), a los propietarios de inmuebles obligándoles a hacer con sus inmuebles lo que ellos determinan.
A esto lo llaman «política de vivienda».
Ahora resulta que, por tierra, mar y aire (lamentablemente de nuevo en nuestra actualidad europea) nuestros políticos recetan la okupación de inmuebles ajenos (que empiezan por unos dueños, pero nada impedirá ya que vayan aumentando progresivamente los tipos de propietarios obligados) como solución habitacional amparable por ley.
Esto no es en sí mismo no solo ya un sinsentido tanto para propietarios como para los okupas por la precariedad en los que les sitúan, sino que, además, va en contra de lo que internacionalmente se considera la okupación: una situación de sinhogarismo. Es decir, nuestros dos gobiernos permiten legalmente como «solución» habitacional algo que nunca puede ser declarado vivienda, por definición.
Es otra evidencia más del fracaso de sus políticas de vivienda y de su afrenta al Tribunal Constitucional cuando, para un texto muy parecido a la Ley catalana recién aprobada, afirmó en 2021 que preveía medidas «coercitivas, no voluntarias, limitativas del derecho de propiedad de la máxima intensidad», que dan lugar a «reacciones exorbitantes» de la Administración.
Fíjense, sin contar los asuntos civiles, entre 2008 y 2018, los condenados por delito de usurpación (los que cometen los okupas) se habían multiplicado prácticamente por once. Además, Cataluña lidera, con diferencia, la tasa de okupación de toda España: esta ya se percibe como una «vía legal» y rápida para conseguir una vivienda, pagada por todos; pero lo que hacen es promocionar y amparar el sinhogarismo.
Y todo esto que han venido haciendo de hecho estos años, como quien no quiere la cosa, ahora le quieren dar un marco legal más amplio, que les permita hacer aún más cosas, según reza el manifiestamente mejorable e improvisado «Proyecto de Ley de vivienda» (febrero 2022), en contra del criterio del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial.
El Proyecto de Ley pretende sustraer de la legislación civil (la que por naturaleza protege la autonomía privada y la libertad) la propiedad de las viviendas, convirtiéndola en un trasunto de derecho público-urbanístico, un pastiche inescrutable: define mal lo que es una vivienda, lo que es sinhogarismo, no sigue los estándares internacionales para la vivienda social, distorsiona el derecho civil (de lo poco estable y seguro que nos queda en este país, testeado durante más de dos mil años), repite conceptos de la Ley del Suelo, lía la protección de consumidores…
Quieren aprobar una norma que: no servirá ni para dar coherencia a las políticas multinivel de los últimos quince años; ni para ofrecer un marco legal para la vivienda persistente en el tiempo (algo imprescindible para que alguna política de vivienda dé algún resultado positivo); ni, claro, para conseguir una mayor asequibilidad de la vivienda.
No han consultado con la Universidad, ni han coordinado políticas autonómicas (siendo la vivienda una competencia autonómica) ni con los agentes que la deben poner en práctica. Cataluña ya ha dicho que la recurrirá y la ciudad de Madrid ha dicho que no la aplicará. Esto es un guirigay que está sucediendo con algo tan fundamental como la vivienda. Quiero creer que si sucediera con la educación o con la sanidad habría más revuelo social; pero como tiene que ver con el patito feo del Estado Social, pues pasa desapercibido (sic transit gloria mundi).
Para un investigador en temas hipotecarios y de vivienda durante tantos años, eso es inconcebible. Creo que estamos en manos de mediocres ideologizados. Y esto no sale gratis. Lo estamos viendo no solo en la política local, catalana o nacional sino también en la internacional.
Tener al frente de cualquier responsabilidad pública a rasputines, fanáticos, aprendices de brujo, miedosos del twitter y de la oclocracia y demás lobbies, exespías comunistas o actores de comedias televisivas no trae nada bueno, especialmente para los ciudadanos de a pie, los que más necesitan del amparo de lo público, en temas tan importantes como la vida, la libertad y, evidentemente, la vivienda.
No es posible lacerar de este modo la propiedad privada, como tampoco es posible amparar legalmente una situación de sinhogarismo, precarizando a tantas familias. Déjense de historietas y hagan bien sus deberes; no okupen sus poltronas. Es su obligación constitucional.