El próximo 5 de diciembre, justo antes de un largo puente, entrará en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una modificación de la norma que, supuestamente, tendría que servir para tener una Justicia más ágil y moderna. Pero, como otras muchas leyes que nos ha dejado el Partido Popular, está muy lejos de la realidad, en este caso de la que se vive día a día en los Juzgados, entre ellos los tarraconenses.
La reforma prevé la finalización de la instrucción entre los seis y los dieciocho meses, según se trate de un asunto sencillo o complejo. Inicialmente, uno podría pensar que todo lo que sea agilizar los plazos tendría que ser positivo. Pero las personas que están en contacto diario con la Administración de Justicia son conscientes de que son plazos totalmente imposibles de cumplir. Los Juzgados están colapsados, faltan medios humanos y materiales. Y hasta ahora sólo se han puesto parches para ir tirando, pero no para solucionar el problema.
No me extraña que, por una vez, las seis asociaciones de jueces y fiscales –de diferente ideología– se hayan puesto de acuerdo para criticar la reforma porque, reconocen, resulta imposible el cumplimiento del mandato legal.
Pero dicha reforma nos deja otras ‘perlas’. Los ‘imputados’ dejarán de serlo y pasarán a llamarse ‘investigados’. Además, durante la tramitación de la reforma en el Congreso de los Diputados el Partido Popular intentó prohibir la difusión de imágenes de detenidos. ¿No sería para evitar que muchos de sus militantes y dirigentes saliesen en la foto?
