En las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, no solo se decidirá la continuidad de las políticas de Joe Biden o el posible retorno de Donald Trump. En realidad, está en juego el modelo de democracia de este país. La disputa sobre ese modelo no es nueva y tiene sus raíces en la confrontación entre dos visiones distintas que son, en términos generales, características de las democracias liberales: una visión conservadora que busca reflejarse y asegurarse a través de sus leyes, y una visión más liberal.
El problema en Estados Unidos, exacerbado por su sistema electoral, es la disociación entre lo que aprueba o consigue una minoría conservadora (importante pero minoría), frente a lo que piensa y desea la mayoría de los estadounidenses, que es más liberal. Esto se manifiesta en temas como el control de armas, el aborto o el derecho al voto.
Consensos y minoría
Hay grandes consensos a favor del control de armas, de garantizar el acceso al aborto y de asegurar el voto de los ciudadanos, pero una minoría conservadora ha logrado imponer lo contrario. ¿Cómo? A través de un sistema judicial que tiene en su Corte Suprema la mayoría más conservadora en décadas, cuyas opiniones y decisiones se imponen aprovechando la polarización política y la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en legislar. Y sin leyes, el Supremo decide con su actual mayoría conservadora.
La batalla por el control del Tribunal Supremo no es nueva. Se remonta a varias décadas atrás, y lo que antes eran procesos de nominación de jueces por consenso y grandes mayorías, hoy es una lucha encarnizada por controlar la ideología del alto tribunal. Trump fue extraordinariamente exitoso en esto, nominando a tres jueces conservadores en solo cuatro años. Gracias a ello, logró grandes victorias para sus bases, no por acuerdos bipartidistas en el Congreso, sino por decisiones conservadoras de la Corte que impusieron su visión a todo el país.
Trump dejó la presidencia en 2021, cuando el proceso exprés para la confirmación del tercer juez conservador había concluido pocos meses antes, no sin una profunda tensión en el Congreso. El siguiente año judicial trajo consigo las primeras sentencias, entre ellas una que parecía impensable: la reversión de la decisión Roe contra Wade que en 1973 garantizó el acceso al aborto en todo el país.
Hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos enfrenta un grave problema de credibilidad. Según las encuestas históricas de Gallup, casi 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban la forma en que este alto tribunal está llevando a cabo su trabajo, la cifra más alta de rechazo desde el año 2000.
En este contexto, Joe Biden anunció esta semana su intención de lograr tres grandes reformas: imponer límites de 18 años a los jueces (hoy son vitalicios), establecer un código ético y revertir la amplia inmunidad presidencial sentenciada por el Tribunal, que Biden ve como un peligro ante un posible retorno de Trump a la Casa Blanca.
Un proceso complejo
No está claro que Biden logre su propósito. Para anular efectivamente la decisión sobre la inmunidad, el presidente debe proponer una enmienda constitucional, un proceso largo que implica la aprobación de los estados. Y para limitar los mandatos de los jueces e imponer un código de ética, necesita el apoyo del Congreso, donde, en un año electoral, es difícil imaginar que contará con el respaldo republicano necesario.
El presidente demócrata Joe Biden sabe que su propuesta tiene pocas probabilidades de éxito, pero con su anuncio, realizado ocho días después de lanzar su candidatura presidencial, está haciendo campaña contra la Corte Suprema y dejando claro que quiere seguir en el debate político. Este mensaje es música para los oídos de los votantes progresistas que creen que la Corte Suprema se ha vuelto demasiado poderosa y demasiado conservadora, con seis de los nueve jueces actuales designados por presidentes republicanos.