La vuelta a la actividad política tras las vacaciones ha sacado del cajón temas que no es que sean viejos, es que se caen de pura putrefacción. Uno de ellos ha sido la tan aireada negativa del PP a acordar con el gobierno la renovación de la cúpula del Poder Judicial y en consecuencia de todos los cambios en cascada que deberían producirse para contemplar la nueva realidad que marcan las mayorías del parlamento.
No voy a entrar en analizar los juegos de la «supuestamente» alta política porque, de sonrojantes, dan náuseas. Lo que quiero destacar son los efectos que esa parálisis tienen en la vida cotidiana y, en particular, en la aplicación de algunos derechos sociales que, alcanzados después de muchos años de lucha, no se cumplen por la voluntad de una parte de la sociedad que antidemocráticamente no los tolera y los bombardea día sí y día también.
Ha habido dos casos flagrantes en las últimas semanas que en un país normal no serían noticia. Marta Vigara, médica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid (entidad pública), había decidido darle seguimiento a su embarazo en su propio hospital (sentido común). Todo fue bien hasta que una inesperada rotura de la bolsa complicó la situación: sin líquido amniótico las posibilidades de supervivencia del feto eran muy bajas con lo que sus colegas le recomendaron abortar.
Aclarar que, de nacer, ese feto podría sufrir un nulo desarrollo de las extremidades o una hipoplaxia pulmonar (condición donde los pulmones no se desarrollan correctamente afectando a la capacidad del bebé de respirar independientemente), dos razones por las que la madre con todo el dolor por la pérdida decidió proceder a lo que sus colegas y su cabeza le recomendaban. Pero se encontró con que los mismos colegas que le habían diagnosticado y recomendado eran todos objetores de conciencia. Ese no es el problema -ya que un médico debe poder tener ese derecho personal- sino que en un hospital público se debería garantizar la aplicación del derecho de la madre, cosa que no sucedió. ¿Resultado? Marta tuvo que acudir a una clínica privada para someterse a una interrupción del embarazo.
Vamos, que bajo la excusa de la objeción se esconde una estrategia de los dirigentes de la sanidad madrileña para torpedear la aplicación de un derecho de las mujeres. Y en la misma maniobra benefician además las cifras de una sanidad privada que ha sido favorecida descaradamente por los diferentes gobiernos autonómicos madrileños bajo el poco honroso mandato de sus últimos líderes (casi todos con causas judiciales por corrupción). Hagan ustedes la reflexión que les apetezca.
Pero eso no es todo. El pasado 3 de septiembre una ciudadana contaba al diario El País que no había conseguido que la recientemente aprobada ley de eutanasia se le aplicara en la capital madrileña. Ella acudió el pasado 7 de julio a la consulta de su médico de referencia en el Hospital Gomez Ulla para pedir ayuda poniendo fin a sus sufrimientos.Estos concretamente eran una patología osteomuscular incurable que le producía enormes dolores a los que no podía hacer frente por ser intolerante a los opioides. Además se la había declarado un cáncer de vejiga que se estaba extendiendo rápidamente. La respuesta de la médica fue positiva tras su evaluación pero a las 48 horas la llamó para comunicarle que se había declarado objetora de conciencia y que a pesar de lo dicho no la ayudaría. La ley establece que en estos casos hay que nombrar otro médico que la vuelva a evaluar para comprobar que cumpla con los requisitos establecidos por la norma. Ella, tras la negativa, acudió al procedimiento pero la respuesta fue y sigue siendo el silencio. Tres meses después harta de que la ley en vigor no la amparara, sacó del cajón el remedio fatal, alquiló una habitación de hotel y se quitó la vida.
Estos dos ejemplos creo que aterrizan lo que hay tras ese odioso trasfondo de mercadeo que se llevan políticos y jueces (¿a qué espera Lesmes a renunciar?) y que es el resultado indirecto de una falta de renovación que lleva a que sólo se cumplan algunas leyes: las que saluda una parte de la sociedad española y no las que amparan a la totalidad como dicta la Constitución.
Javier Pons inició su carrera en Ràdio Reus. Ha sido director de El Terrat, director de TVE y CEO de Prisa Radio. Actualmente dirige la productora Globomedia (Mediapro).