Después de muchas discusiones, el Consejo de Ministros aprobó esta semana, in extremis, el proyecto de Presupuestos para 2023, un acuerdo que consolida por lo menos hasta final de legislatura la coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Las cuentas, de carácter expansivo –el total de las partidas se eleva a 485.986 millones de euros, casi 35.000 millones más que el de este año– y con marcado acento social, no son ajenas a la necesidad de paliar los efectos sobre la población de la escalada inflacionista ni a los tiempos electorales que se avecinan.
En este sentido, el gasto social es el que más sube, como no podía ser de otra manera ante el reto de lograr que los colectivos más vulnerables no sufran lo peor de la crisis económica y social que, según todos los pronósticos, castigará a todos los países europeos el próximo año. Entre algunas de las medidas más llamativas se hallan un cheque de 100 euros para las madres de niños de 0 a 3 años, la prórroga de los descuentos en el transporte público y la mejora de las prestaciones por desempleo.
También habrá una revalorización de las pensiones en torno al 8,5% –el IPC medio estimado para este año–, lo que advierte de que el control de los precios aún se hará esperar. Es verdad que estas cuentas sufrirán retoques y enmiendas por parte de algunos partidos a cambio de su necesario apoyo, pero no se espera que cambien sustancialmente. A la espera de conocerlos más en detalle, todo apunta que el dinero destinado a inversiones en infraestructuras en nuestro territorio no será muy generoso, aunque se entiende que en la crisis en la que ya estamos sumidos se priorice el gasto social para no dejar a nadie atrás.
No obstante, hay proyectos en marcha, como la autovía A-27, que necesitan un empuje definitivo, no en vano contribuirán a mejorar la economía de Tarragona en particular y de España en general. Estaremos, pues, pendientes de las negociaciones.