Tres colectivos ciudadanos han presentado ante la Audiencia Nacional sendas querellas criminales contra nueve ex ministros y empresarios relacionados con la plataforma de gas Castor ubicada frente a las costas de Alcanar y Vinaroz. Las querellas se suman a la causa que sobre la misma plataforma investiga el Juzgado número 4 de Vinaroz. El fallido proyecto Castor de almacenamiento de gas aprovechando una falla submarina atesora todo un cúmulo de despropósitos que no pueden quedar impunes. Y lo que es todavía peor: no puede ser que el coste de tan enorme desaguisado se pretenda cargar a los bolsillos del ciudadano, ya sea consumidor de gas o mero contribuyente. El cúmulo de errores comienza en la propia elección del enclave. Diversas versiones que ahora investiga la Justicia aducen que había estudios geológicos que advertían de la no idoneidad del lugar para el almacenamiento de gas. Sin embargo, el proyecto siguió adelante y no fue hasta la reiterada concatenación de movimientos sísmicos que el proyecto se detuvo. En el otoño de 2013 los centros sismológicos detectaron hasta un millar se sismos atribuidos a la inyección de gas en la grieta submarina que debía hacer las veces de almacén gasístico. La alarma ciudadana motivó la paralización de los trabajos y de la totalidad del proyecto. El coste del fallido propósito se eleva por encima de los 1.350 millones de euros que el Estado abonó en principio a la empresa impulsora del proyecto Escal UGS, con repercusión posterior en la factura del gas. Acertadamente el Tribunal Constitucional anuló varios artículos del real decreto ley de 2014 que permitió a la empresa Escal UGS -controlada en un 66,7% por la ACS de Florentino Pérez- cobrar la indemnización multimillonaria tras la paralización del almacén submarino. Pero no puede detenerse aquí la acción de la Justicia. Los responsables de una chapuza de tal magnitud no pueden quedar impunes. Hay que poner veto a que cuatro poderosos jueguen con la seguridad y los bolsillos de los ciudadanos.