Pedro Sánchez ignora que Marruecos siempre aprovecha los momentos de flaqueza de España. Ocurrió cuando organizaron la Marcha Verde, en noviembre de 1975 y lo han vuelto a hacer ahora. Con el caso Gali, líder del Frente Polisario, la embajadora de Marruecos fue llamada a consultas y declaró, enfáticamente, que no volvería hasta que el líder del Frente Polisario fuera detenido y juzgado por crímenes, de los que no se han aportado pruebas concluyentes. No se ha cumplido la condición, pero ahora ha regresado la embajadora con el reconocimiento, por parte de Pedro Sánchez, del plan de autonomía bajo el patrocinio de Marruecos.
Resulta vergonzoso dar la espalda al derecho internacional. El derecho a veto que otorga a las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, un poder casi omnipotente en el Consejo de Seguridad, impide todo movimiento que haga cumplir las propias leyes, que ellos mismos elaboran y redactan, entre ellas el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. En España, el testigo de esa transgresión a la legalidad establecida y a las promesas incumplidas para hacer prevalecer el derecho internacional, ha sido recogido, desde el año 1975, por cada presidente. La denuncia de los ilegales e inmorales Acuerdos tripartitos de Madrid es y debe ser una constante.
El proyecto está vertebrado desde la Marcha Verde y está destinado a convertir Marrue-cos en una potencia regional en el norte de África y en el Mediterráneo OccidentalTampoco deben caer en el olvido actuaciones como las del expresidente Felipe González Márquez que, en el mes de noviembre de 1976, en Tinduf se unía y acompañaba a la causa saharaui, en su lucha hasta la victoria final, para luego dejarlos abandonados, o las declaraciones públicas de Rodríguez Zapatero, en el año 2008, en las que ya hacía alarde de su apoyo al plan de autonomía bajo el patrocinio de Marruecos. Jugando con las mismas cartas y siguiendo la misma trayectoria, Pedro Sánchez ha tomado la decisión de manera unilateral, de enviar una carta al rey Mohamed VI, en la que afirma que la iniciativa de autonomía presentada por Marruecos en el año 2007, es la base más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto. Se desprende de esta misiva la poca credibilidad y seriedad que el presidente Sánchez otorga a la labor de las Naciones Unidas y a las resoluciones aprobadas en el seno de la Asamblea General de la ONU, que establecen de manera contundente, precisa y clara, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Pero, ante toda esta incongruencia, cabe preguntarse: ¿puede el presidente de un gobierno democrático, tomar una decisión de tan profundo calado, en la que se pone en juego el futuro de todo un pueblo, sin consultar previamente al pueblo soberano?
Sánchez también ignora que el proyecto está vertebrado desde la Marcha Verde y está destinado a convertir Marruecos en una potencia regional en el norte de África y en el Mediterráneo Occidental. Y, además, con aspiraciones a ser la vía de entrada de las inversiones en el África Subsahariana. En realidad, se trata de un objetivo estratégico, al que se destinan ingentes recursos, incluido un esfuerzo armamentístico descomunal, en relación con su Producto Interior Bruto (PIB).
