Una vez superado el trámite de los Presupuestos del Estado en el Senado, los dos socios del Gobierno de coalición han aireado, cada vez con más ruido, sus discrepancias en muchos aspectos económicos de alta sensibilidad para PSOE y Unidas Podemos: el salario mínimo, las pensiones, los desahucios y los cortes de luz. Se trata -junto con la derogación de la reforma laboral- de los temas más espinosos sobre los que los ministerios habían dejado claras unas diferencias que se han agravado públicamente a las puertas de otro Consejo de Ministros.
La subida del SMI se ha convertido en el último caballo de batalla entre los departamentos que defienden un alza, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como abanderada, y los que prefieren mantener la prudencia en un momento de dificultad económica para las empresas, como ha indicado recientemente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Reunión en Madrid
Ayer, mientras en el Ministerio de Trabajo se mantenía una primera reunión con los agentes sociales para negociar un acuerdo para subir este indicador, la ministra portavoz, María Jesús Montero, pidió «prudencia» y abogó por tener «muy presentes las circunstancias» económicas actuales para tomar estas decisiones, ya que el objetivo es «seguir impulsando el crecimiento económico y conteniendo el aumento del paro».
En la reunión no hubo una propuesta concreta por parte del Ministerio de Trabajo, que prefirió retrasar al próximo lunes su oferta concreta argumentando que antes quería escuchar a los agentes sociales. Lo que sí dejó claro el número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, es que la congelación que defiende Calviño no está en sus planes, ya que -defendió- la política de subida del SMI que se ha producido en los últimos años «no solo no ha afectado en ningún caso al empleo sino que ha sido compatible con el mayor crecimiento del empleo en Europa, que es algo que ocurrió en 2019». Por eso, mostró su desacuerdo con la postura que mantuvo en la reunión la CEOE, que se negó a negociar una subida e incluso habló de «un escenario de bajada», según precisó Pérez Rey.
Pérez Rey se negó a dar una cifra concreta para no condicionar el debate, pero sí ofreció dos referencias: la revalorización del 0,9% de las pensiones y el sueldo de los funcionarios en línea con la previsión de inflación, y la evolución de los sueldos por convenio, «que está en el entorno del 1,5%».
Estos porcentajes no contentan a los sindicatos, sobre todo a UGT, que es partidario de subir el salario mínimo a 1.000 euros ya en 2021. Sin embargo, están abiertos a negociar otra cifra, siempre que no les ofrezcan un aumento del 0,9%. «Entonces no habrá acuerdo», advirtió el secretario de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino. Menos ambicioso se mostró el representante de CCOO, Carlos Gutiérrez, que pidió que la subida no sea «menor» pero la situó en el 1,8%, ya que pidió utilizar dos referencias: el incremento de las pensiones mínimas y el de los salarios por convenio.