El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (ETS, por sus siglas en inglés) «es la iniciativa que implementó en el año 2005 la Unión Europea para reducir las emisiones de CO2», explica Juan Antonio Labat, director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).
En esencia, establece un límite a la cantidad total de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir cada año las entidades de los sectores cubiertos por el sistema: la generación de electricidad y calor, los sectores industriales de gran consumo energético y la aviación comercial dentro de Europa. Ese límite se reduce a lo largo del tiempo, a medida que las emisiones totales disminuyen.
En este marco, las entidades reguladas (como es el caso de muchas de las empresas presentes en el polo petroquímico de Tarragona) cuentan cada año con «una asignación gratuita de derechos de emisión de CO2, que será mayor en función de cómo por encima esté su tecnología respecto a la media», explica Juan Antonio Labat. Es decir: cuanto más eficiente y descarbonizada sea la tecnología que usa una empresa, más derechos de emisión gratuitos de CO2 tendrá.
«El resto de derechos de emisión -prosigue-, hasta alcanzar el límite fijado ese año, tienes que adquirirlos en el mercado de derechos de emisión». Ese mercado es el lugar en el que las entidades reguladas compran o reciben derechos de emisión, que pueden intercambiar entre sí en caso necesario en un mercado secundario.
De esta forma, si al finalizar el año, una de estas entidades reguladas logra reducir sus emisiones hasta el punto de mejorar el límite anual fijado, puede conservar los derechos de emisión ‘ahorrados’ para cubrir sus necesidades futuras o venderlos a otra instalación que no disponga de derechos de emisión en ese mercado secundario.
El precio de la tonelada de CO2 se ha multiplicado por quince desde 2017
«Hasta el año 2014 -explica el director general de Feique-, las emisiones gratuitas asignadas a las empresas se acercaban mucho a sus necesidades de emisión, pero eso ya no es así», a consecuencia de que «cada año la Unión Europea quita derechos gratuitos o saca al mercado menos derechos».
En este contexto, el mercado secundario de derechos de emisión ha experimentado un encarecimiento, porque «la gente puja para comprarlos, funciona como la Bolsa», con el añadido, relata Labat, de que «hoy, tres cuartas partes de los poseedores de derechos en ese mercado secundario son de carácter especulador o financiero, no son industrias, porque el acceso a este mercado no está limitado».
Si entre los años 2012 y 2017, el precio de esos derechos de emisión en el mercado secundario se mantuvo estable por debajo de los 10 euros por tonelada de CO2 emitida, «hoy está en 78 euros, con la media de este año en 85,4 euros por tonelada», explica Juan Antonio Labat, que destaca que «de 2017 a 2023, se ha multiplicado por quince».
La consecuencia de todo ello es que, «al precio al que están hoy esos derechos de emisión [en ese mercado secundario altamente especulativo], las empresas optan por buscar mayor eficiencia en sus procesos», para poder conseguir una cuota de derechos gratuitos mayor cuando la Unión Europea da esas asignaciones anuales, en función de cómo de eficiente sea la tecnología de cada empresa.