Junts per Catalunya se muestra firme en su intención de proteger las inversiones en Tarragona frente al nuevo impuesto a las energéticas propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez. La formación de Puigdemont y Turull no apoyará esta medida fiscal, que a su juicio pone en riesgo una inversión clave de Repsol, valorada en 1.100 millones de euros, en el Camp de Tarragona.
«No pondremos en riesgo bajo ningún concepto las inversiones en Tarragona. Este impuesto afecta a dos grandes empresas energéticas que invierten en Catalunya, Repsol y Cepsa. En realidad, a las eléctricas, que son las que se han forrado debido a sus diferentes políticas de tarifas, el impuestazo les afecta mucho menos», ha dicho al Diari Míriam Nogueras, presidenta del grupo parlamentario de Junts en el Congreso.
«Somos los únicos que estamos en esta pelea, los únicos que podemos hacerlo, porque tenemos los votos, y no permitiremos que este impuesto pase tal como está redactado. Es un impuesto fake que acaban pagando los que más facturan», agrega Nogueras.
Junts destaca que este gravamen no estaba en su programa electoral y lo ve como una trampa que exime a las eléctricas y perjudica desproporcionadamente a otras compañías como Repsol y Cepsa, según informa On Economia.
En su formulación actual, el impuesto es temporal y finalizaría el 31 de diciembre si no se aprueban nuevos Presupuestos Generales del Estado. Junts ya ha comunicado su negativa a respaldar la permanencia de este impuesto, lo que obliga al ejecutivo de Sánchez a buscar el apoyo de otros partidos como el PP o Vox, una misión improbable.
Si el gobierno español no retira el impuestazo energético del paquete fiscal negocia con la Unión Europea, podría ver frustrado su intento de aprobarlo. Junts hace énfasis en que Repsol y Cepsa, las compañías más afectadas por la tasa, tienen grandes planes de inversión en Catalunya. En especial, el proyecto de economía circular y transición energética de Repsol en Tarragona es fundamental para el territorio, lo que ha generado preocupación entre los empresarios catalanes.
La patronal Foment del Treball ha solicitado al Govern de Salvador Illa que intervenga para evitar que este impuesto se convierta en permanente. Lo ven como una amenaza al tejido económico catalán. Repsol ha advertido que si las condiciones no son favorables, revisarán sus planes de inversión tanto en España como en Catalunya, lo que pondría en peligro dos grandes proyectos: una ecoplanta en El Morell y un electrolizador de hidrógeno verde, ambos valorados en 1.100 millones de euros, que incluyen una aportación de unos 106 millones de la UE.
El gobierno español aprobó originalmente este impuesto a finales de 2022 como una medida temporal para hacer frente a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, tras las elecciones de 2023 y la presión del partido Sumar, Sánchez ha comenzado a trabajar en su permanencia, lo que ha generado rechazo en los sectores afectados. En Catalunya, la incertidumbre regulatoria ha llevado a Repsol a considerar otras opciones, como trasladar sus inversiones a Portugal, donde el marco regulatorio es más estable y favorable para sus proyectos de descarbonización.
Jordi Sendra se opone al impuesto a las energéticas
«Tarragona se juega su futuro industrial», ha afirmado Jordi Sendra, portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona, expresando su preocupación por el impacto del impuesto a las energéticas.
Sendra ha apoyado las declaraciones de Jaume Giró, exconseller de Economía, en el Diari de Tarragona, que advirtió que este impuesto podría provocar la deslocalización de inversiones vitales. “Nos jugamos el futuro de muchos puestos de trabajo y la continuidad del polo industrial», ha añadido Sendra.
El portavoz también ha destacado las posibles consecuencias irreversibles para la competitividad de Tarragona y el riesgo de perder empleos directos e indirectos. También ha subrayado la importancia de liderar la transición hacia una industria más sostenible: «No podemos permitir que esta presión fiscal aleje inversiones clave en tecnología verde».
Sendra ha hecho un llamamiento al diálogo con las administraciones, reclamando estabilidad fiscal para asegurar que empresas como Repsol sigan invirtiendo en la región. «Necesitamos un entorno favorable y seguro para las inversiones a largo plazo», ha dicho.
Finalmente, el concejal ha reafirmado el compromiso de Junts con un crecimiento económico sostenible y la creación de empleo de calidad.