Perfil bajo. Mensajes sin responder. Respuestas con tópicos. Más de un silencio. Información que se diluye. Idas y venidas. Poco ruido. Estas son las palabras que definen las reacciones políticas –y no reacciones– de ayer alrededor de la posible pérdida de la inversión millonaria de Repsol en Tarragona. Primero parecía que los plazos eran inminentes. Luego, que se alargaban. Pero, si bien el sector económico levantó la voz alto y claro, la clase política se puso más de perfil. El Departament de Economia i Empresa, por ejemplo, no quiso decir nada al respecto.
Algunos diputados sí se posicionaron alrededor de la aprobación de este impuesto que prevé recaudar 2.000 millones de euros anuales, pero que a la vez pone en peligro miles de millones de euros de inversiones que las grandes energéticas tienen que realizar en España en los próximos años.
La primera fue la diputada en el Congreso por Tarragona del PSC Valle Mellado. Preguntada por el Diari, insistió en que la decisión de hacer permanente el impuesto todavía no es firme: «Este es un tema que el Gobierno, a nivel del Estado, todavía está valorando».
También opinó que Repsol valorará otros elementos, más allá de los tributos, a la hora de retirar o mantener sus inversiones. En este sentido, dijo que España se encuentra en una «situación inmejorable» a nivel económico, y destacó el «capital humano» y la «red de comunicaciones» de Tarragona, así como el «impulso a la FP» que ha hecho el ejecutivo socialista, que aportará trabajadores mejor formados en el futuro.
Con todo, reconoció que, si Repsol finalmente decide terminar con todas sus inversiones en Tarragona a causa del impuesto, será una mala noticia. «Siempre es mejor que lleguen inversiones a que no lleguen», dijo, pero también añadió que «irán llegando inversiones», porque la demarcación tiene mucho potencial.
La Unión Europea «no ve con buenos ojos los impuestos de los estados sobre la facturación»
Por su parte, el diputado de Comuns-Sumar, Fèlix Alonso, lo tiene claro. Para ellos, el impuesto debe seguir adelante, más que nunca. «Quieren bloquear el impuesto a los grandes beneficios. Pero es absolutamente necesario. Si queremos buscar soluciones a la vivienda, necesitamos dinero, y el dinero tiene que salir de quien más tiene, de los que todo este tiempo han contado con más beneficios», afirmó. Para Alonso, es el momento de redistribuir «porque el gran problema de este país es el desequilibrio económico».
Alonso aseguró que no temen que la inversión peligre ni que se cumplan lo que define como «amenazas». «Todos amenazan, pero cambiar no es tan sencillo. La ubicación es estratégica, y la mano de obra cualificada no está en cualquier lugar. Aquí, sí», dijo. Cree que Tarragona tiene ventajas que la industria no dejará escapar.
Para Giró, «graves consecuencias»
El exconseller d’Economia i Hisenda, diputado y presidente de la comisión de Empresa del Parlament, Jaume Giró, lanzó una advertencia sobre el impacto que podría tener la continuidad y ampliación del impuesto a las energéticas en la economía de Tarragona.
Giró recordó que «el impuesto a las energéticas es un impuesto que se creó en 2022 con la intención de ser provisional, extraordinario y excepcional. Excepcional, porque es un impuesto sobre las ventas, no sobre los beneficios», algo que, según él, contraviene la postura de la UE, que «no ve con buenos ojos los impuestos de los estados sobre la facturación».
Giró señaló que este impuesto fue inicialmente provisional, creado en un contexto de crisis energética severa, con los precios del petróleo y el gas en máximos históricos. «En ese momento, el petróleo estaba a 100 dólares por barril y el gas a 300 euros por MWh. Hoy, el petróleo ha bajado a 70 dólares y el gas a 30 euros», afirmó, subrayando que las condiciones han cambiado drásticamente.
Giró también destacó que es un impuesto extraordinario porque «las empresas energéticas ya pagan impuestos». Según sus datos, solo las cuatro principales compañías del sector –Iberdrola, Endesa, Repsol y Naturgy– pagaron más de 9.000 millones a la Hacienda española el año pasado.
Impacto en Tarragona
El impacto de esta medida en Tarragona, según Giró, podría ser particularmente perjudicial. «Repsol está pendiente de la decisión que tome el gobierno del PSOE y Sumar para decidir si invierte en la petroquímica de Tarragona o abandona el proyecto», advirtió. Recordó, además, que el complejo industrial de Tarragona representa más del 2% del PIB de Catalunya.
La inversión en cuestión sería para construir una nueva planta de producción de biometanol renovable e hidrógeno. «Por experiencia –Giró trabajó 30 años como directivo de grandes empresas– puedo asegurar que, cuando una empresa incluye estos proyectos en su plan estratégico presentado ante inversores de Londres, Frankfurt y Nueva York, es prácticamente seguro que los proyectos se realicen. Sin embargo, si no se pueden hacer en Tarragona, se harán en Portugal o Francia», afirmó con rotundidad.
Además de las implicaciones económicas, Giró destacó el impacto ambiental que tendría la ampliación del impuesto. «Las nuevas instalaciones permitirían reducir más de 2 millones de toneladas de CO2 al año, en comparación con la situación actual», concluyó, alertando de que no solo perjudicaría la inversión, sino también los esfuerzos por reducir las emisiones.