Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaron hace un año el acuerdo para gobernar en coalición, un tiempo en el que han cumplido algunos aspectos del pacto, como el reconocimiento del Estado de Palestina, aunque siguen asuntos pendientes por ejemplo en vivienda, el principal motivo de discrepancia entre el PSOE y Sumar. Pero este acuerdo incluye el impuesto sobre las energéticas y la banca. Y este es precisamente el gran escollo para las inversiones millonarias previstas en Tarragona y que amenazan en abandonar nuestro país.
Ahora, el Gobierno quiere hacer permanente el impuesto y esto pone en peligro miles de millones en inversiones. Se sabrá este miércoles, cuando el Congreso de los Diputados debe decidir si da continuidad al polémico impuesto, con lo que pretende recaudar aproximadamente unos 2.000 millones de euros anuales.
Una medida como esta pone en peligro miles de millones de euros de inversiones que las grandes energéticas tienen que realizar en España en los próximos años ya sea en desarrollar energías renovables, nuevas y mejores redes, almacenamiento energético, descarbonización de los polos industriales, transformación de las refinerías, desarrollo del hidrógeno renovable, etc.
