El Gobierno obligará a las tres aseguradoras que prestan en la actualidad los servicios sanitarios a más de un millón de funcionarios adscritos a Muface -Adeslas SegurCaixa, Asisa y DKV- a seguir atendiendo «en las mismas condiciones» a este colectivo más allá de que expire el actual contrato, que vence el próximo 31 de diciembre (aunque el contrato contempla una prórroga retribuida de un mes).
Así se lo prometió ayer el Ministerio de Función Pública a los sindicatos tras la primera reunión que mantuvieron después de la crisis desatada al quedar desierto el concurso para dar cobertura sanitaria durante los próximos dos años a más de 1,5 millones de empleados públicos (de los que casi medio millón ya están acogidos a la sanidad pública por voluntad propia).
«Tanto la secretaria de Función Pública como la directora general de Muface insisten en que el Gobierno, en virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, tiene los mecanismos necesarios para ir prorrogando esa prestación sanitaria hasta que haya un nuevo concierto», explicó Maribel Loranca, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios, después del encuentro.
El Gobierno quiso lanzar así un mensaje de tranquilidad a los sindicatos y a ese millón y medio de personas cuya sanidad está en el aire tras un hecho insólito que no había sucedido en el más de medio siglo de vida de Muface: que ninguna compañía haya querido renovar o apuntarse al concierto.
Así, Maribel Loranca insistió en que tiene los «mecanismos suficientes» conforme a la ley de contratos públicos para «garantizar» la asistencia sanitaria a este colectivo «en las mismas condiciones que actualmente se viene prestando a los mutualistas de Muface», dejando caer que no solo se puede prolongar la operatividad del contrato durante al menos nueve meses más -como ya advirtieron el pasado martes-, sino que esta situación de provisionalidad se puede mantener hasta que se resuelva el conflicto.
Los sindicatos, escépticos
Eso sí, no llegaron a concretar cuáles son esas herramientas y en qué puntos de la ley se basan para obligar a las aseguradoras a prestar esos servicios y no abocar al colapso a la sanidad pública. Por ello, desde el sindicato CSIF consideran que estas explicaciones son «insuficientes» y denunciaron que «la actitud del Gobierno pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad».