El Gobierno mantiene su compromiso de convertir en permanentes los gravámenes sobre banca y energéticas –el llamado ‘impuestazo’– a pesar de las crecientes quejas empresariales, la posible pérdida de inversiones millonarias en España (y en Tarragona), y de que no tiene garantizados los apoyos parlamentarios para hacerlo, ya que sus socios empujan en direcciones opuestas.
Con todo, según informa este miércoles el periódico Expansión, en lugar de aplicar el ‘impuestazo’ sólo a las ventas de Repsol, Cepsa, Iberdrola o Naturgy, el Gobierno estaría barajando repercutir el gravamen a los beneficios, y además ampliarlo a muchas más empresas, y no sólo a los grandes grupos. En paralelo, según el mismo diario económico, el ejecutivo está estudiando fórmulas para que las compañías se puedan desgravar parte de esta carga fiscal, pero siempre a cambio de reinvertir las ganancias en proyectos de transición ecológica y economía sostenible.
La conversión de estos gravámenes extraordinarios y temporales en impuestos permanentes es un compromiso tanto del acuerdo de Gobierno suscrito entre PSOE y Sumar como del plan fiscal remitido a Bruselas la pasada semana, ha recordado este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista con EFE. Sin embargo, en los últimos días la adopción de esta medida se ha complicado después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, amenazara con retirar inversiones, advertencia a la que se han sumado más críticas desde el sector empresarial y político.
En el terreno político, el Gobierno parece lejos de contar con la mayoría necesaria para sus planes y esta cuestión se cruza con los contactos que mantiene en busca de apoyos para aprobar los presupuestos. Junts ya ha advertido de que, a la espera de conocer la propuesta detallada del Gobierno, no apoyará ninguna medida que ponga en riesgo inversiones en Catalunya. Por su parte, el PNV no considera que gravar las ventas de las compañías sea «el mejor modelo», en boca del lehendakari, Imanol Pradales, quien, no obstante, ha avisado de que, si finalmente se convierten en permanentes esos gravámenes, el Gobierno vasco exigirá que se incluyan en el concierto vasco.
Frente a las objeciones de Junts y PNV, desde ERC y Sumar, el socio de Gobierno, presionan en sentido contrario. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llegado a dejar en el aire su apoyo a las futuras cuentas si no hay avances en la negociación del paquete fiscal, que debe pasar por «la permanencia de impuestos que ya hemos conseguido en años anteriores, que tienen que ver con la banca y las energéticas».
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado que la derecha española, catalana y vasca se junten contra la necesidad de gravar las actividades contaminantes de las empresas energéticas.
Unos gravámenes extraordinarios y temporales
Los gravámenes sobre la banca y las grandes energéticas se adoptaron de forma extraordinaria para paliar los efectos de la crisis energética e, inicialmente, se planearon para dos ejercicios, 2022 y 2023, aunque posteriormente se ampliaron un año más, a 2024 (que se liquidará en 2025).
Este año, han recaudado 2.859 millones de euros, de los que 1.695 millones corresponden al bancario (que grava el margen de intermediación) y 1.164 millones al energético (que grava los ingresos de las actividades no reguladas en España). Entre las energéticas, según datos de Expansión, Repsol es la que más ha pagado al Estado: 443 millones de euros. Le siguen Cepsa (323 millones), Naturgy (165), Endesa (208) e Iberdrola (216).
El acuerdo de investidura, suscrito por PSOE y Sumar, incluyó el compromiso de que estos gravámenes temporales pasaran a ser permanentes –también el plan fiscal, en el que se consignan los correspondientes ingresos–, un proceso que implica su conversión en impuestos, algo que solo puede hacerse a través de una ley.
Este proceso, por el momento, no ha comenzado y es difícil que pueda culminarse antes de final de año –incluso aunque se utilice una proposición de ley o una enmienda en otra ley–, por lo que una opción para evitar que decaigan sería prorrogar una vez más ambas figuras como gravámenes temporales, aunque también esto requeriría del aval del Congreso.
