La invasión de Ucrania ha marcado un antes y un después en la historia reciente de Europa. Vladimir Putin es el responsable de la guerra y deberá rendir cuentas por la agresión a un estado soberano y por las atrocidades que su ejército ha cometido.
La repercusión económica es indudable. Es el precio que debemos pagar para defender nuestro modelo de sociedad. Afecta a nivel internacional y en especial a Europa, por nuestra dependencia energética (el 40% del gas que se consume en la Unión Europea viene de Rusia). En este sentido algunas economías, como Alemania, lo tienen más difícil que otras, como España o Francia, que cuentan con fuentes energéticas más diversificadas. La inflación, que ya daba claros síntomas de aceleración, se ha disparado. El IPC en Tarragona creció un 8,1% en febrero y pasará de dos dígitos a corto plazo. Somos una zona con una inflación que supera la del entorno, por la propia composición del índice.
Han subido los precios de la luz, gas, petróleo, alimentos, metales, cereales, piensos etc. La demanda fuerte y la oferta más contenida en esta última fase de la pandemia junto a los estímulos monetarios de los bancos centrales ya traían consigo una mayor inflación, que se ha acentuado bruscamente por el estallido de la guerra. El incremento de precios está dañando mucho nuestra economía, en particular a los sectores intensivos en energía, sea de electricidad (como la industria petroquímica, la metalúrgica, la de gases industriales etc.) o de carburantes (transportistas, agricultores, pescadores…). Además estos son costes que todas las empresas soportan de una u otra forma y que no siempre pueden repercutir a sus clientes.
Por supuesto el bolsillo de los particulares también ha notado mucho la subida de los precios y hay un porcentaje alto de familias vulnerables en situación muy precaria.
En la Costa Dorada se añade a este preocupante panorama la pérdida total del turismo ruso (sobre el que había esperanzas por la eliminación de restricciones en los viajes por vía aérea) y del incipiente turismo ucraniano (se habían hecho campañas de promoción).
¿Qué se puede hacer a corto plazo?
Los particulares hemos de ser muy estrictos en la compra de determinados productos y hacer todo lo posible por ahorrar energía. Las empresas deben aplicar la misma política para optimizar costes. La Administración Pública es la que puede (y debe) actuar para frenar la inflación. Ya ha tomado algunas medidas, pero hay que coordinarse con los socios comunitarios y esto ralentiza las soluciones, que son complicadas. Veamos algunas posibles medidas en discusión (de aplicación transitoria y excepcional):
- Excluir el gas del cálculo del precio de la electricidad.
- Bonificar el carburante a los transportistas: la rebaja general de 20 céntimos ayuda pero no parece demasiado justo tratar igual al profesional que al particular (que puede llenar el depósito para ocio).
- Aplicar un impuesto especial a los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas.
- Suspender temporalmente el impuesto de hidrocarburos.
- Rebajar el IVA de productos de primera necesidad (incluso suspendiéndolo en algún caso).
- Dar ayudas directas adicionales a familias vulnerables para pagar la luz.
Miquel Àngel Fúster, presidente de la sede de Tarragona del Col·legi d'Economistes de Catalunya.