El lunes vencía el ultimátum dado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para que la patronal CEOE presentase una propuesta por escrito para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en 2025. Sin propuesta formal por parte de las empresas este lunes, según había advertido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el Gobierno se vería abocado a «tomar alguna decisión», que todos los agentes implicados entendieron que tendría forma de ley sin acuerdo.
Llegó el lunes y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no solo no presentó propuesta, sino que, a través de la Confederación Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), adscrita a la CEOE, lanzó un detallado estudio con el impacto que supondría para las pymes la aplicación indiscriminada de esta medida.
Por lo pronto, un coste directo de unos 11.800 millones de euros para estas empresas por la reducción de tiempo de trabajo sin merma salarial, al que se añade un coste asociado de 42.400 millones, además de otros 30.600 millones por la pérdida de productividad.
Los sectores más afectados serían la Hostelería, el Comercio y la Agroganadería, que a duras penas hoy están acercándose a la semana de 38,5 horas pactada (esta sí, entre todos los agentes sociales) para final de este año.
Cepyme no fue la única organización que emitió informes con proyecciones esta semana. La alianza Exceltur -que agrupa a empresas de varios segmentos relacionados con el turismo- cifró en 2.348 millones de euros el impacto para las empresas del sector que tendría la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin rebaja salarial.
Este coste para las empresas turísticas vendría, según argumenta Exceltur, por la necesidad de suplir las horas reducidas en las posiciones que requieren presencialidad. La consecuencia de todo ello sería un incremento del 4,9% en los costes laborales de las empresas, que provocaría una reducción del 8,1% en sus beneficios anuales, con especial relevancia en los subsectores con mayor presencia de pymes, como la restauración (donde la caída de beneficios llegaría al 19%) o en las empresas de transporte terrestre de pasajeros, con un descenso del 17,3%.
Pero pasó el lunes, y en el Consejo de Ministros del martes no se aprobó de forma unilateral ninguna reducción de la jornada laboral. A lo largo de la semana, diversos mensajes cruzados fueron rebajando la tensión, dando nuevo margen a una negociación entre Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos, que busca pactar los detalles de una reducción de la jornada laboral desde las 40 horas semanales actuales hasta las 38,5 horas este mismo año, para alcanzar las 37,5 horas en 2025.
«La realidad del polo petroquímico de Tarragona y la del sector turístico de Salou no tienen nada que ver»
Lluís Casado (Fundació Factor Humà)
El posicionamiento más explícito para tratar de calmar los ánimos vino desde un ministerio con distinto color político (en este Gobierno de coalición) al que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, manifestó el viernes que es «importante» guardar «márgenes de flexibilidad».
«Hay sectores como la hostelería, el comercio, la construcción o la agricultura que están en franjas más altas de horas y tienen menos flexibilidad para poder ajustar cambios», admitió el ministro, que concretó esa flexibilidad en una posible «temporalidad de implementación», para «dar suficiente tiempo a las empresas para que puedan ir adaptándose», a la vez que defendía «tener cierto tipo de bolsas de horas para algunos sectores, que permitan a las empresas ajustar y compatibilizar la mejora de la productividad con la reducción de las horas».
Con los ánimos algo más serenos y ciertas perspectivas de seguir dialogando, ¿dónde están los ejes del debate? Productividad y negociaciones colectivas específicas, sector por sector, son las dos ideas que suenan con fuerza. Lo explica Lluís Casado, miembro de la Comisión Consultiva de la Fundació Factor Humà: «Es bueno tener una cifra de referencia [como la de las 37,5 horas semanales] para las negociaciones con sindicatos, pero hay lugares donde la puedes cumplir y otros en los que no. En la restauración y el comercio, por ejemplo, no se puede cumplir».
«Hay que tener mucho cuidado -prosigue-, porque con la estructura empresarial de Catalunya se tiene que hilar muy fino. La realidad del polo petroquímico de Tarragona y la del sector turístico de Salou no tienen nada que ver».
Dicho esto, «la palabra clave es productividad: cuánta producción podemos hacer por hora. Hay sectores que se pueden tecnificar mucho, y si una empresa puede tener la misma productividad reduciendo jornada, entonces ningún problema; aunque después está el debate de si eso sería con el mismo salario», reflexiona Lluís Casado.
«Hay sectores que pueden mantener la competitividad de la empresa vía productividad -insiste-, pero en otros, como la restauración, el sector turístico y el comercio, la semana de 37,5 horas es inviable. Empieza a haber robots camarero, es cierto, pero a corto plazo esto no funcionará así».
«El movimiento de fondo, la tendencia -admite Lluís Casado-, es a la reducción de jornada, sobre todo si miras los valores de la Generación Z en comparación con generaciones anteriores, donde el trabajo era un valor central para las personas, que estructuraban su vida alrededor de él. Eso ya no es así».
Pero, pese a que «es una buena lectura ver que la tendencia es esta, a mí me dan mucho miedo las decisiones por decreto. Decir ‘menos jornada’ es un comunicado que queda muy bien, pero no sé hasta qué punto hay escaparate, en esto. Además, eso probablemento nos llevará hacia un mercado laboral más fragmentado, con trabajos más productivos y teletrabajables, por un lado, pero con el dependiente de la tienda, que no tiene esa opción, que seguirá cerrando a las tantas».
«Para que las personas puedan vivir mejor y conciliar mejor, necesitas empresas que les den trabajo y no cierren»
Núria Sánchez (Col·legi d’Economistes de Catalunya)
Núria Sánchez, miembro de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió de Capital Humà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), coincide en los riesgos que tiene buscar una negociación ‘mediática’ en un asunto tan estratégico como este: «Decir 40 horas semanales, o 38,5, o 37,5, es un poco distorsionador, porque nosotros [en la negociación colectiva] nos regimos por la jornada anual, y 40 horas semanales no se dan casi nunca».
«Lo que persiguen -prosigue- es la sensación mediática, porque decir esa cifra de 37,5 horas semanales, a ojos de las personas que no están en este mundo [de la negociación colectiva], es espectacular. Pero, más allá de ese efecto, no creo que persiga nada más».
«Tú estás queriendo vender que la gente vivirá mejor -añade Núria Sánchez-, pero para que puedan vivir mejor y conciliar mejor, necesitas empresas que te den trabajo y no cierren. Todas estas medidas populistas dan votos, pero no analizan el impacto que tiene en quien te da trabajo y te tiene que pagar el sueldo. En un bar, por ejemplo, la única opción que te da es poner más personas. Y eso, sin apoyo a las empresas, no tiene viabilidad».
«La productividad está en unos niveles límite. Aquí, de lo que se trataría es de que cada empresa o sector, que conocen muy bien su realidad, estudiase una propuesta para el sector concreto, pero no de forma global para todos. Hay que intentar un acercamiento, no legislar por Real Decreto, como se está haciendo todo últimamente», concluye.