El nuevo año ha comenzado con un giro en la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI). Si hasta ahora la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había tratado de atraer a la patronal a un acuerdo con una postura más cercana a la de la CEOE que a la de los sindicatos, y con un tono suave y conciliador, cambia de táctica utilizando un discurso más agresivo y lanzando una amenaza clara a los empresarios: o aceptan la subida del 4% que hay encima de la mesa y que elevaría el salario mínimo hasta los 1.123 euros, o el incremento será mayor y podría incluso acercarse a ese 5% que exigen los sindicatos.
Así de claro lo explicó ayer su número dos, Joaquín Pérez Rey, antes de entrar a la reunión con los interlocutores sociales que terminó, como era previsible, sin acuerdo. «Si la patronal considera que no va a prestar su apoyo al 4%, quien no entra en un acuerdo, paga las consecuencias de no hacerlo», advirtió el secretario de Estado de Empleo, que señaló que están «dispuestos a explorar una cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con los sindicatos», aunque no desveló cuál podría ser.
Trabajo además da marcha atrás y ya no apoya las condiciones de la CEOE para pactar un nuevo incremento: actualizar los contratos públicos que están en ejecución al nuevo salario mínimo –una petición que también defienden los sindicatos– e incorporar una reducción del 20% de las cotizaciones del sector del campo, uno de los más afectados por esa alza acumulada de casi un 50% durante los últimos cinco años.
Así, pese a que Trabajo se había mostrado abierto a indexar los contratos públicos al nuevo salario mínimo y había prometido intermediar con Hacienda, que es quien tiene la potestad en este asunto, ahora considera que no es necesario. Pérez Rey descartó que en esa mesa se tomen medidas de repercusión de los contratos públicos después de haber hecho un «riguroso estudio» sobre el tema al llegar a la conclusión de que los empresarios ya debían haber tenido en cuenta para sus propuestas de contratos las previsibles subidas del salario mínimo.
«Una revisión general de todos los contratos públicos no parece que tenga mucho sentido una vez que la subida del salario mínimo se ha venido practicando de manera sistemática desde hace muchos años y de que se sabía que el Gobierno iba a mantener esta equivalencia del 60% del salario medio. Es algo que forma parte de las expectativas», explicó el número dos de Yolanda Díaz.
El Ejecutivo, de igual manera, tampoco accede a bonificar un 20% las cotizaciones de los trabajadores del campo, tal y como pedían los empresarios y rechazaban los sindicatos. «No deben existir mecanismos de compensación, reducciones de cotización, por básicamente cumplir la ley», precisó Pérez Rey.
En este sentido, defendió que «no hay evidencias empíricas de que las políticas de subida del SMI tengan una repercusión negativa en el resto de actividades. Al contrario, ha estimulado el empleo», señaló, al tiempo que presumía que la nueva subida afectará a más de 2,5 millones de personas, en su mayor parte mujeres.
La CEOE por el momento guarda silencio. Pero se pronunciará en los próximos días sobre si finalmente acepta esa subida del 4%, que elevaría el salario mínimo de los actuales 1.080 euros a 1.123 euros, multiplicados 14 pagas. CCOO y UGT, por su parte, se mantienen en una subida del 5% aunque apostarán por un acuerdo tripartito.
