A los actuales perceptores del descuento social del que disfrutan en su factura de la luz se les abonará en las próximas semanas el bono térmico, un pago de único anual de entre 25 y 100 euros ideado para solventar los problemas económicos que tienen esos hogares para poder calentar sus viviendas. El cheque, ideado por el Gobierno tras el repunte del precio de la electricidad en verano, corresponde a quienes tengan aprobado el bono eléctrico a 31 de diciembre de 2018. Hasta finales de enero eran 1.115.000 los titulares de contratos eléctricos a los que se les había asignado ese bono social y, por tanto, les corresponde el térmico. Sin embargo, esa cifra es menor de la esperada.
Los cálculos iniciales apuntaban que hasta 1,5 millones de hogares podrían acogerse al cheque con el que pueden pagar, por ejemplo, la bombona de butano. Sin embargo, para que ese cálculo fuera realidad era necesario que el número de asignaciones del bono social ascendiera a esas cotas antes de que finalizara el año pasado, después de tres prórrogas autorizadas para poder solicitarlo, y que llegara a más población.
El número de solicitudes recibidas se ha aproximado al millón y medio, apuntan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. Aunque hasta 400.000 podrían quedarse sin la ayuda al no cumplir con los requisitos. A la espera de que las eléctricas actualicen el número de peticiones, junto a las aprobaciones definitivas, serán entre 1,1 y 1,2 millones los usuarios que dispondrán del cheque térmico. Y es que una parte de los hogares a los que les hubiera correspondido tenerlo no lo han solicitado. No han llegado a tiempo, a pesar de las ampliaciones de plazo; desconocían la información; o se han embarrado en los trámites.
Ante esta realidad el Ministerio de Hacienda ha previsto una partida de 80 millones de euros para realizar este pago en los Presupuestos del Estado de 2019, que se encuentran en tramitación en el Congreso. La cuantía es inferior en 20 millones a la estimada por el Ejecutivo en el último cuatrimestre del año pasado, cuando calculaban un gasto de unos 100 millones.
En cualquier caso, y aunque las cuentas públicas no salgan adelante en la negociación parlamentaria, el departamento dirigido por Teresa Ribera abonará este cheque en las próximas semanas, sin que corra riesgo de ser paralizado en ningún caso, apuntan en el Ministerio.
