Precisamente, fue la entrada en vigor de la gratuidad de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, en agosto de 2018, y la obligación de trasladar el trasporte de mercancías a las vías rápidas (fueran de pago o autovías), el motivo causante de la colocación de los bloques de hormigón en la rotonda. Estos New Jersey, que han permanecido en la rotonda durante 3 años, cerraban en dos hileras separadas por una veintena de metros la circulación interna y obligaban a dar una vuelta de unos 3 kilómetros para acceder a Torredembarra.
La decisión de colocar estos bloques amarillos causó muchas protestas por parte de los vecinos torrenses, de los pueblos de alrededor y, sobre todo, de los habitantes de la urbanización de Brises del Mar de Altafulla, una de las zonas más perjudicadas. En su momento, ante las múltiples quejas vecinales, Carreteras del Estado ya se comprometió a restablecer la circulación de la rotonda, de forma inmediata, una vez suspendidos los peajes en la autopista AP-7 puesto que el tráfico en la rotonda disminuiría considerablemente.