Salvador Illa abre la puerta a «no facilitar» el proyecto de Hard Rock. Así se especifica en el documento firmado por PSC y Comuns para investir la próxima semana al candidato socialista, quien ganó las elecciones del pasado 12 de mayo con 42 diputados.
Solo 24 horas después de que se hiciera público que el PSC ha sellado con ERC un pacto que incluye incrementar la fiscalidad de los casinos del 10 % al 55 % -echando atrás la rebaja aprobada en el 2014–, hoy el consejo nacional de los Comunes avala el documento consensuado con el PSC que sigue en la misma línea, pero que va algo más allá.
En concreto, el acuerdo entre socialistas y progresistas indica, literalmente, que el próximo Govern «no facilitará proyectos como el macrocasino de Hard Rock» y que, por este motivo, «se eliminará la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la Ley 6/2014».
«Nos dijeron que no era posible. Nos dijeron muchas cosas y ninguna era bonita. Pero nos hemos mantenido firmes en los que Catalunya no puede ser el casino de Europa ni merecía ser Las Vegas del Mediterráneo, y lo hemos conseguido. El Hard Rock no se hará en Catalunya», sentenció Albiach durante la presentación del acuerdo, que arrancó aplausos del Consell Nacional. La dirigente del partido insistió en que les dijeron «de todo» pero subrayó que al final tanto el PSC como ERC se acabaron añadiendo a sus postulados. «Han venido a las nuestras», celebró.
De hecho, el pacto especifica que «se iniciará, en un plazo de seis meses, un estudio de la capacidad de carga turística del país», en especial «de las áreas de alta densidad», con el objetivo de usar este análisis «como un instrumento de planificación turística».
Asimismo, el acuerdo entre Comuns y PSC detalla que «se reducirá» el número de «cruceros y cruceristas».
Albiach: «Medidas muy concretas»
Albiach ha presentado este miércoles el acuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa. La dirigente del partido remarcó que el pacto «no es una declaración de intenciones» sino que son «medidas muy concretas» que «se han cocinado a fuego lento».
Desde el inicio de la negociación los Comuns subrayaron que la vivienda sería el palo de pajar de sus demandas y, una vez cerrado el acuerdo, Albiach ha asegurado que han cumplido los objetivos y que esta legislatura «marcará un antes y uno después» en la vivienda. Entre las medidas que han acordado con los socialistas se encuentra la construcción de 50.000 pisos nuevos hasta el 2030 para destinarlos a vivienda protegida. De éstos, 15.000 los promoverá el Incasol durante los próximos 4 años. Además, en los próximos 4 años se destinará, como mínimo, 350 millones de euros para ampliar el parque público de alquiler en 5.000 viviendas mediante la compra por tanteo y retracto.
Los comunes también lograron pactar la aprobación «inmediata» de un régimen sancionador para el incumplimiento de la regulación del precio de los alquileres. Además, acordaron con los socialistas impulsar la modificación de la ley española de arrendamientos urbanos (LAU) para equiparar los alquileres de temporada y de habitaciones a las viviendas de uso residenciales.
Esto implicará regular su precio, hacer que los gastos de gestión vayan a cargo de la propiedad, que las subidas anuales estén limitadas o que trasteros y similares no supongan un sobrecoste. Además, se limitarán los contactos de temporada a los seis meses. Aparte, los ayuntamientos también tendrán herramientas para planificar y definir cuántos pisos de alquiler de temporada quieren o si creen necesario prohibirlos.
La formación liderada por Albiach también ha acordado que el decreto para regular los pisos de uso turístico no se acabe modificando. Antes de terminar la legislatura ERC y PSC pactaron modificarlo para que algunos ayuntamientos pudieran aumentar los HUTs en sus municipios, pero con este acuerdo se mantendrá el decreto original. Según Albiach, permitirá cerrar 100.000 pisos.
Entre la batería de medidas pactadas se encuentra la aprobación de un registro de grandes tenedores y un reglamento de viviendas vacías; la rehabilitación de 150.000 viviendas en 7 años para incluirlas en el parque de vivienda protegida e impulsar un plan nacional de erradicación del amianto.
En la carpeta de educación los comunes han pactado avanzar hacia el 6% del PIB de inversión pública, recuperar progresivamente la sexta hora e implementar de forma progresiva la gratuidad de los comedores escolares, empezando en los centros de mayor complejidad. Además, se quiere que haya dos tardes extraescolares gratuitas, aunque será progresivo. También se agilizará la transición de centros concertados a centros públicos. Por otro lado, se quiere llegar a los 1.500 millones de euros para las universidades públicas.
En cuanto a sanidad, se ha avalado destinar el 25% del presupuesto de salud a atención primaria, crear un servicio de psicólogo gratuito para jóvenes en todos los municipios de más de 50.000 habitantes y en capitales de comarca y empezar a desplegar la ley para el dentista público. También se ha acordado crear 6.000 nuevas plazas residenciales y centros de día esta legislatura.
Transporte público gratuito hasta los 16 años
La cuarta pata del acuerdo PSC-comuns es la transición ecológica y la potenciación del transporte público. El pacto contempla que el transporte público sea gratuito para los menores de 16 años y que la rebaja del transporte público se mantenga hasta finales de 2025.
Además, el entendimiento explicita que en esta legislatura no se impulsará el Cuarto Cinturón hasta Granollers. También se ha acordado garantizar la conexión del tranvía por la Diagonal a Barcelona. Además, ambas formaciones han acordado reducir los cruceros y los cruceristas, aunque no han concretado cómo.
El acuerdo con los comunes también menciona al sistema de financiación, que ha sido uno de los grandes puntos que han pactado ERC y PSC. En el caso de los comunes, sólo se detalla el compromiso por «impulsar un nuevo acuerdo de financiación singular para Catalunya que atienda su singularidad y se base en los principios de suficiencia, ordinalidad, solidaridad, corresponsabilidad y eficiencia». También remarcan que debe poner claros límites a la competencia fiscal a la baja para erradicar el dumping fiscal.
Entre otras medidas, proponen ampliar en 5.000 los efectivos de la plantilla de Mossos hasta 2028, alcanzar un sistema fiscal más justo y progresivo, mantener los impuestos propios de sucesiones y patrimonio, impulsar una ley electoral de Cataluña en la próxima legislatura y aprobar durante la primera legislatura una ley de memoria democrática de Cataluña.
Aparte, ambos partidos han pactado que durante la legislatura el nuevo Govern compartirá previamente con los comunes todos los proyectos de ley -incluidos los presupuestos-. Ambas formaciones crearán una comisión de seguimiento del acuerdo y una tabla específica para las políticas de vivienda acordadas.