Nueva propuesta del Govern a la CUP para aprobar los presupuestos de 2022. El ejecutivo catalán ha propuesto a los anticapitalistas no invertir en el proyecto de Hard Rock en las cuentas del próximo año, además de no sacar adelante la candidatura por los Juegos de Invierno hasta que no se haya realizado la consulta, prevista para 2022.
Mientras, la CUP envió ayer a sus bases el documento que debatirán el fin de semana por si presenta enmienda a la totalidad a las cuentas: «Tenemos el compromiso del Gobierno de que la partida de Hard Rock y la de los trabajos por la candidatura de los JJOO serán retiradas de los presupuestos», se detalla.
La propuesta del Govern recoge así una reivindicación social que ha contado con el beneplácito de los anticapitalistas. La primera hace referencia a los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero la segunda afecta directamente al proyecto del Hard Rock Café en el Camp de Tarragona. Se incluiría una disposición adicional que establecería que la Generalitat «no asumirá, en ningún caso, coste alguno» en concepto del proyecto de Hard Rock.
Sea como fuere, ambos documentos evidencian las diferencias que todavía existen entre ambas partes. Por un lado, el Gobierno insiste en su última propuesta en que los presupuestos son «un claro cambio de rumbo» y «una herramienta útil para la recuperación social y económica del país».
A su vez, la CUP apunta que sus «esfuerzos», en cambio, «no han obtenido la respuesta deseada para conseguir el giro necesario», tal y como consta en el documento que ha avanzado ‘La Vanguardia’ y que ha después han enviado a los anticapitalistas en toda la prensa.
120 millones del presupuesto
Cabe recordar que el pasado martes el Govern de la Generalitat presentó sus presupuestos para 2022 en los que anunciaba que preveía invertir 263 millones de euros en la provincia de Tarragona, una cifra muy superior a los 71 del 2020. Del montante total, 120 millones de euros eran los que el Incasòl tenía previsto destinar a la adquisición de terrenos del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) en Vila-seca, donde debería construirse el complejo de ocio y juego de Hard Rock.
De esta manera, el macrocomplejo de hoteles y casino que prevé Hard Rock Entertainment (empresa con sede en Florida) seguirá aparcado más de ocho años después de que fuera anunciado en su momento por Artur Mas, entonces president de la Generalitat. Muchos han sido los vaivenes desde entonces, tanto jurídicos como políticos, que han llevado a una situación de paralización del mismo.
La actual situación a causa del coronavirus no ha sido más que un bache a las posiciones contrarias de algunos grupos políticos del Parlament –especialmente las de la CUP, los comunes y algunos sectores de ERC– para hacer posible esta iniciativa, que podría suponer una inversión que se estima en 2.000 millones, incluidos el coste del terreno y las infraestructuras, que se llevarían a cabo en dos fases a lo largo de cinco años. Aunque el comienzo de las obras estaba previsto, inicialmente, para 2018, las máquinas siguen sin empezar a trabajar.
El complejo lúdico-hotelero, que cuenta de por sí con abundante controversia por las acusaciones de especulación inmobiliaria, tiene previsto disponer de casi 7.600 metros cuadrados destinados al juego, dos hoteles, uno de ellos con forma de guitarra, con una superficie aproximada de 63.000 metros cuadrados, un espacio comercial de unos 15.000 metros cuadrados, otro de restauración de casi 5.900 metros cuadrados y otros 6.000 metros dedicados a ocio y entretenimiento. El proyecto incluye una colaboración con PortAventura para el desarrollo de un hotel familiar y con Value Retail, la empresa propietaria de La Roca Village (Barcelona) y Las Rozas Village (Madrid), para crear una gran zona comercial.
A ello hay que sumar que su construcción generaría más de 11.500 puestos de trabajo directos e indirectos durante las obras y el impacto económico en esta zona se había calculado en unos 1.300 millones de euros.
El Govern decidió en diciembre del año pasado aplazar la compraventa de los terrenos del CRT de Vila-seca y Salou para el proyecto Hard Rock hasta que no se modificara el planeamiento urbanístico (PDU) anulado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Ese aplazamiento suponía un retraso de un año. Ese era el tiempo estimado por el Govern de la Generalitat para modificar, tramitar y aprobar el nuevo planeamiento urbanístico de las zonas verdes, espacios libres y de equipamientos al que le obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al entender que los terrenos se hallan en una zona de riesgo químico.
