En plena polémica por la extensión de la zona naranja para que pasen a ser de pago calles hasta ahora gratuitas para aparcar en Calafell, y en Cunit por el precio de ese estacionamiento, el Defensor del Pueblo señala como «cuestionable» que haya diferencia de precios entre residentes empadronados y los no empadronados.
La respuesta del Defensor del Pueblo es a una pregunta de la Asamblea Vecinal de Cunit (AVC) que lleva tiempo protestando por el funcionamiento de zona naranja en el municipio.
La AVC también mantuvo un encuentro con el Síndic de Greuges denunciando lo que considera una discriminación en tarifas de estacionamiento regulado.
Diferencias
La entidad vecinal señala «inaceptable la discriminación existente en las tarifas de estacionamiento regulado entre los propietarios empadronados y aquellos que son propietarios de una segunda residencia».
Considera la AVC que «esta disparidad económica impide un acceso equitativo al espacio público generando un trato desigual entre los residentes de nuestra comunidad».
La AVC además consultó al Defensor del Pueblo y este, tras requerir información al Ayuntamiento, ha contestado que el régimen de estacionamiento regulado que ha sido implantado en el municipio es «cuestionable».
Necesidad
Señala en su escrito que «puede darse el caso de que personas empadronadas en el municipio, pero en domicilios alejados de la zona naranja, resulten beneficiarias de las bonificaciones a pesar de no tener una necesidad específica de aparcamiento en esa zona». Y eso «frente a otros usuarios que sí podrían tener esa necesidad de aparcar por ser usuarios (no empadronados) de viviendas ubicadas en la zona de estacionamiento restringido».
Recuerda que en la fijación de las tasas debe tenerse en cuenta la capacidad económica de las personas que deben satisfacerlas. Por tanto se permite en la regulación de las tasas el establecimiento de exenciones y bonificaciones atendiendo a criterios de capacidad económica de los obligados a satisfacerla.
Pero cuestiona «que esas medidas incorporen ventajas fiscales aplicables en función del lugar de empadronamiento de los usuarios».
En el caso de Cunit, la ACV plantea no renovar el contrato de concesión a la empresa privada que gestiona la zona de pago por aparcar y «que el ayuntamiento trabaje con los beneficios obtenidos en estos años en la creación de un sistema público que gestione la zona naranja».
