El pleno del Parlament ha rechazado este miércoles la propuesta de reforma del Reglamento del PSC para poder cesar a miembros de la Mesa, registrada tras la condena a la presidenta suspendida de la Cámara, Laura Borràs --presente en la tribuna de invitados del hemiciclo--, por prevaricación y falsedad documental.
Junts había presentado una enmienda a la totalidad contra la proposición de ley de los socialistas que han apoyado ERC, CUP, PP; Vox y Cs se han abstenido, y únicamente PSC y comuns han apoyado la propuesta.
En cambio, el pleno ha avalado seguir adelante con la tramitación de la reforma del Reglamento de ERC y la CUP para introducir el voto telemático, ampliar los supuestos de delegación de voto --ahora, limitados a enfermedad o paternidad-- y prohibir «los discursos del odio» en el Parlament; Vox había presentado una enmienda a la totalidad que sólo han apoyado PP y Cs.
El diputado del PSC-Units Ferran Pedret ha defendido que «la presidencia del Parlament debe estar en manos del Parlament» y, pese a haberse rechazado su propuesta, ha anunciado que la presentarán como enmienda a la reforma del Reglamento planteada por republicanos y 'cupaires', texto que están dispuestos a estudiar pese a generarles algunas dudas.
A su juicio, si una persona no es capaz de apartarse del cargo, si su formación no tiene voluntad o capacidad de resolver la situación, y si las fuerzas que en su día la eligieron, haciéndole confianza, no son capaces «de demostrar ni verbalizar que la han perdido, hay que ofrecer una herramienta al Parlament para que pueda constatar si esta confianza existe o no».
El diputado de ERC Jordi Orobitg ha defendido que su propuesta de reforma hace efectivo el código de conducta del Parlament incorporándolo al Reglamento y así se evita «la vulneración de derechos fundamentales a través del discurso de odio».
Sobre la propuesta del PSC, Orobitg cree que se presenta 'ad personam' por Borràs y que puede conllevar «una crisis en el pacto que ayuda a conformar las mesas» de las comisiones de la Cámara.
Por su parte, Carles Riera (CUP) ha asegurado que con su propuesta pretenden incluir el código de conducta en el reglamento del Parlament, y ha defendido que «hace falta dotar al Parlament y a la Mesa de más y mejores instrumentos para combatir el discurso de odio».
«Es una Proposición de ley ad hoc. No es el principio que deberíamos seguir a la hora de legislar normativas tan relevantes como el Reglamento», ha sostenido Riera sobre la propuesta del PSC, que también cree que, con la iniciativa, la Mesa entraría en un juego de intercambios y negociaciones parlamentarias que podría vulnerar la vocación de objetividad del órgano.
Propuestas «oportunistas»
Desde Junts, el diputado Jaume Alonso-Cuevillas ha acusado a algunos partidos de haberles cogido prisa --en sus palabras-- para modificar el reglamento del Parlament con dos propuestas «claramente oportunistas», y ha insistido en que la condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a Borràs no fue por corrupción.
Tras responsabilizar a todos los miembros de la Mesa, salvo el de Junts, de provocar la interinidad en la Cámara por haber aplicado a Borràs el artículo 25.4 del reglamento, cree que la iniciativa del PSC es «un intento de limpiar conciencias y, desde el punto de vista legislativo, una chapuza», y aunque ha avalado que republicanos y ‘cupaires’ quieran introducir el voto telemático, ha lamentado que no lo hicieran antes.
El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid, ha acusado a Borràs de poner la Presidencia de la Cámara catalana «al servicio de una carrera política» y hacer, a su juicio, de jefa de la oposición.
También ha defendido que se sancione a los diputados que digan «cosas fascistas o nazis» o que no firmen el pacto contra la violencia machista.
Nacho Martín Blanco (Cs) ha asegurado que la reforma del PSC no es necesaria porque ve peligroso debatir si «los órganos de gobierno de la Cámara pueden dar por buena una sentencia judicial».
Además, ha criticado que la reforma planteada por ERC y la CUP no respete el pluralismo y considera que intentar silenciar a una formación política le da más réditos electorales a la misma, en referencia a Vox.
El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado a ERC y la CUP de querer establecer una censura previa con su reforma y ha recordado que los límites sobre los discursos de odio ya están tipificados en el Código Penal, y también se ha dirigido a Borràs, a quién le ha pedido que asuma su sentencia.
«El suyo es un error grave y debe asumir las consecuencias que marca la justicia, que por cierto son enormemente moderadas en relación con los delitos que se le imputan», ha aseverado.
«Reforma exprés ad hoc»
Desde Vox, el diputado Joan Garriga también ve la propuesta del PSC como «una reforma exprés ad hoc para expulsar a Laura Borràs« y ha asegurado que es cuestión de días, según él, que la Junta Electoral Central (JEC) le retire el acta.
Sobre la iniciativa de ERC y la CUP, considera que pretenden censurar las ideas que defienden «heroicamente» los diputados de Vox, y ha alertado que llevarán la iniciativa a los tribunales y que seguirán ejerciendo la libertad de expresión y defendiendo la verdad, en sus palabras.