El Ministerio de Sanidad impondrá este miercoles el uso de mascarilla en centros sanitarios pese a la oposición de la mayoría de las comunidades, que apuran el plazo para hacer sus alegaciones a esta y otras medidas como las autobajas justificadas para aliviar la Atención Primaria ante el repunte de infecciones respiratorias.
Tras no alcanzar un acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, Sanidad dio un plazo de 48 horas a las autonomías para presentar alegaciones a su propuesta, que concluye mañana.
Hasta esta semana, solo seis se habían decantado por hacer el cubrebocas obligatorio en los centros de salud y en los hospitales: el viernes lo anunciaron Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, a las que se sumaron tras la reunión del Interterritorial Asturias y Canarias.
La ministra de Sanidad, Mónica García, emplazó al PP a aclarar su posición sobre una medida “de primer orden” para proteger a la población y a los profesionales sanitarios de las infecciones respiratorias: “Tiene que aclararse y dejar de hacerse contrapropuestas entre ellos mismos y abandonar el negacionacismo”, añadió anoche tras conocerse que a partir del miércoles será obligatoria en toda España.
Porque independientemente de las aportaciones que hagan al documento, que incluye una batería de medidas para mitigar los efectos de la explosión de contagios de gripe y otros virus como la covid, el Ministerio ha optado por usar una fórmula que ya se empleó con la pandemia de covid para limitar horarios o prohibir fumar en la calle, que recoge el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Se trata de la declaración de actuaciones coordinadas, que “obliga a todas las partes” incluidas en ella, y con la que Sanidad quiere unificar la protección de los ciudadanos independientemente de la comunidad en la que vivan, además de dar un soporte jurídico a las comunidades que sí que han optado por hacerla obligatoria en centros de salud y hospitales.