Los trabajadores penitenciarios insisten en pedir la dimisión de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Mesures Penals, Amand Calderó, y reclaman al presidente Pere Aragonès que les destituya si no dejan el cargo. «No queremos manos manchadas de sangre», dijeron este martes portavoces de los trabajadores en rueda de prensa.
«No las aceptaremos en ningún momento. El resultado de las políticas de esta administración han llevado a un asesinato», ha afirmado Sandra, jurista y criminóloga en el Centre Penitenciari Lledoners. Los trabajadores, al margen de los sindicatos, reclamaron más personal y herramientas así como ser reconocidos como agentes de la autoridad. «Es de sentido común que se nos dote de medidas para volver vivos a casa», expresaron.
Lo ha dicho Sandra, quien ha explicado que la legislación penitenciaria contempla que tanto el régimen de interior como el de tratamiento son «indispensables». «Sin régimen, seguridad y disciplina no puede haber tratamiento y sin tratamiento no puede haber rehabilitación», ha comentado.
Raquel, funcionaria de vigilancia en Quatre Camins, ha denunciado que no tienen herramientas para asegurar el cumplimiento del régimen y de la seguridad. Por ejemplo, relató cómo en los módulos puede haber 120 ó 150 internos y los vigilantes se encuentran allí «prácticamente solos» para mediar.
Internos mezclados
«Es un cóctel molotov brutal», ha dicho respecto a que los internos estén «mezclados» y los haya con patologías psiquiátricas, irascibles, algunos con condenas cortas, otras largas, y también aquellos que quieren seguir el tratamiento.
En la misma línea se ha expresado el Gabi, funcionario de vigilancia de Ponent, quien ha denunciado que la falta de personal «es muy fuerte» y que es «imposible» llevar a cabo un servicio «con profesionalidad» pese a la calidad humana» excepcional» que existe dentro del colectivo.
Denuncian «el buenismo»
Por su parte, Francina, funcionaria de vigilancia en el Centre Penitenciari de Mas de Enric, ha incidido en la necesidad de «trabajar en un orden» para preservar la seguridad en las cárceles.
Esta trabajadora ha dicho, por ejemplo, que el personal del CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció) es el colectivo que trabaja «con mayor riesgo», ya que lo hacen en espacios como la cocina, donde hay cuchillos , o en talleres donde hay tijeras, cutters o destornilladores que en un momento determinado pueden ser armas. «Como el arma blanca que mató a Núria», ha dicho en relación a la cocinera muerta a manos de un interno el pasado miércoles en la cárcel de El Catllar.
Merma de autoridad
La Francina también ha denunciado «el buenismo» de las políticas de la administración penitenciaria que, en forma de circulares o instrucciones, ha mermado la autoridad y la seguridad del colectivo de prisiones y no les deja trabajar.
«Nos atan de manos y pies», ha dicho esta funcionaria, que ha lamentado no tener medios para sancionar agresiones verbales o conductas que, debido a ello, acaban derivando en agresiones físicas.
Menos cacheos y sanciones a la baja
Algunos ejemplos de esta deriva citados por los trabajadores durante la rueda de prensa tienen que ver con que cada vez pueden hacer menos cacheos -donde a veces encuentran droga, móviles o armas de fabricación artesanal- o que las sanciones a los internos se aplican a la baja.
«Estamos pervirtiendo las herramientas que tenemos incluso reglamentarias para adaptarlas a un menor gravamen de cara a los internos», dijo Sandra. Así, por ejemplo, señalaron que hay conductas que hace un tiempo suponían una regresión a primer grado y ahora ya no porque se les dice que las conductas pueden trabajarse en régimen ordinario.
Desamparados
Del mismo modo, se han quejado de que hace unos años era suficiente una amenaza de muerte para ser trasladado a otra cárcel o si un interno insultaba a un trabajador salía del módulo. Además, también lamentaron que una vez se produce la agresión, los compañeros agredidos quedan «totalmente desamparados».
Ante todo esto, no sólo han pedido más personal y seguridad y una aplicación más estricta del reglamento penitenciario, sino también ser reconocidos como agentes de la autoridad. Criticaron que los funcionarios de prisiones no sean vistos por la administración como agentes de seguridad, ya que lo ven una «incongruencia» y lo reivindican como uno de los mínimos a obtener.
Trabajar en condiciones adecuadas
«Lo que queremos es trabajar, pero en unas condiciones adecuadas», ha resumido Gabi. Tanto él como el resto de trabajadoras que hablaron en la rueda de prensa coincidieron en que ellos quieren volver a la normalidad pero no a cualquier precio: «Están totalmente inhabilitados para continuar a su cargo».
Así, insistieron en pedir las dimisiones de Ubasart y Calderó, y también la de las direcciones de los CP de Mas de Enric y Quatre Camins. Por todo ello, pidieron al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que les destituya «y el problema de prisiones se acabará de inmediato».
Apoyo de los internos
Mientras, dijeron, la mayoría de los internos entienden la situación que reivindican los funcionarios y les apoyan. Además, remarcaron que aunque los internos no puedan bajar al patio o al comedor «están totalmente asistidos» y sí tienen garantizada comida y medicación. Además, comentaron que se han establecido circuitos para que puedan ir al economato, por ejemplo.
«A ellos también les interesa que tengamos éxito en nuestras demandas», dijeron. De hecho, según detallaron, en Mas d’Enric hay reclusos que han escrito mensajes en sábanas como ‘Tots som Núria’. «Hemos notado el calor», concluyeron.