La mayoría de los españoles considera que doce años después de la ley que prohibió el tabaco en los lugares de trabajo y en los principales espacios públicos ha llegado el momento de adoptar una nueva batería de medidas para tratar de reducir una adicción que cada año causa la muerte de 50.000 fumadores y, lo es aún más injusto, de entre 1.500 y 3.000 españoles expuestos al humo de los cigarrillos, los fumadores pasivos. Así lo expresa con claridad la encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia, en la que han participado 9.000 pacientes de centros de salud de todo el país.
Los ciudadanos coinciden con los especialistas en que para lograr que el porcentaje de fumadores baje del 24% actual -con un preocupante 32% entre adolescentes de 14 a 18 años- es precisa una acción combinada que endurezca la prohibición de fumar, que aumente el precio del tabaco y que, al tiempo, introduzca en la financiación pública los fármacos y tratamientos para dejar la adicción.
Una de las medidas coercitivas que concita el apoyo del 51,6% de los encuestados es que se extienda a los vehículos particulares la prohibición de fumar que ya rige en el transporte público, reclamación que incluso respalda el 62% de los fumadores y el 71% de los preguntados siempre que haya menores en el automóvil. Se trata de una proscripción ya vigente, cuando existe presencia de niños, en países como Australia, Gran Bretaña, Francia o Sudáfrica.
De hecho, la encuesta deja claro que los derechos de los fumadores pasivos siguen sin respetarse. Un 68% se considera expuesto a humo ambiental, sobre todo en las casas y en los bares (pese a la prohibición), pero de manera muy mayoritaria en las terrazas. El 36% denuncia que la prohibición de fumar en terrazas cerradas de hostelería se incumple con mucha frecuencia, queja que alcanza al 42% de los no fumadores.
La segunda limitación legal que más reclaman es la implantación del empaquetado genérico de los cajetillas, sin marcas ni distintivo alguno. Lo apoya el 52% -diez puntos más que hace un año-, que defiende una medida vigente en muchos países y que los especialistas calculan que reduciría el consumo en un 3%, desenganchando a unos 270.000 españoles.
Subida de precios
El 66% de los ciudadanos cree que este endurecimiento de la ley debe ir acompañado de nuevas subidas de los impuestos y los precios del tabaco. El doctor César Minué, coordinador del estudio, calculó que, de hecho, solo una subida del 10% del precio final de los cigarrillos acarrearía una reducción del 4% de fumadores, en general, y de hasta del 7% entre adolescentes.
Todos coinciden en que, para que sean efectivas, las medidas coercitivas deben ir acompañadas de una apuesta pública por dar facilidades a quien está dispuesto a intentar dejarlo. Las dos terceras partes están convencidos de que si los tratamientos farmacológicos de deshabituación estuviesen pagados por la sanidad pública aumentarían los exfumadores, algo que confirman los propios adictos, que en un 61% aseguran que estarían dispuestos a intentarlo si las medicinas fuesen gratuitas. Minué apoyó la demanda ya que explicó que los tratamientos con refuerzo farmacológico tienen porcentajes de éxito que se aproximan incluso al 50%.
El deseo de muchos fumadores de dejar este hábito que explica en España cuatro de cada cinco cánceres de pulmón parece evidente, pero también lo es el no demasiado alto porcentaje de éxito. El 70% de los adictos ha querido dejarlo en al menos una ocasión y un 17% lo intentado, sin conseguirlo, cuatro o más veces.
Los médicos de familia, como desde hace 16 años, dedicarán la próxima semana, "la semana sin humo", a motivar a los pacientes para que dejen este hábito que le causará la muerte a uno de cada dos personas que lo tienen y a extender la educación en salud en centros escolares y comunitarios bajo el lema 'Menos cajetilla y más zapatilla'.
