Los Mossos d’Esquadra sostienen que los responsables del Parlament, presidido por Josep Rull (Junts), no les facilitaron inspeccionar la cámara catalana la víspera del pleno de investidura para comprobar si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont había podido acceder previamente al edificio.
Así lo aseguran los Mossos en un informe, que han remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que les pidió explicaciones sobre su dispositivo después de que Puigdemont lograra huir el pasado 8 de agosto tras una breve reaparición ese mismo día en Barcelona, pese a que tenía una orden de detención vigente en España.
Afirman en el informe que contemplaron dos escenarios: que Puigdemont regresara a España con la intención de acceder «de forma clandestina» en el Parlament días antes de la celebración del pleno de investidura o que intentara entrar en la cámara catalana el mismo día arropado por una multitud que le protegería, «usando la fuerza contra la policía o a través de una maniobra de distracción».
La policía catalana cita las manifestaciones previas de Rull, que aseguró que impediría la detención de Puigdemont dentro del edificio y que le permitiría ejercer sus derechos como diputado.
En base a estas afirmaciones, los Mossos barajaron la opción de que se podría estar organizando una operación, «con la ayuda y complicidad» de personal del Parlament y «con la autorización» del propio Rull, que tuviese como objetivo permitir el acceso de Puigdemont en el interior del edificio «sin que fuera detectado por el servicio de seguridad».
Por este motivo, la tarde del 7 de agosto activaron a su unidad canina y a la unidad de subsuelo para intentar comprobar que no había personas escondidas en la zona que pudieran afectar a la seguridad del pleno de investidura, ni tampoco el propio Puigdemont, para evitar su «entrada clandestina» en el Parlament.
Además, solicitaron inspeccionar el interior del Parlament, para descartar que Puigdemont hubiese accedido previamente, aunque no lo pudieron hacer durante la tarde del 7 de agosto «ya que los responsables del Parlament de Cataluña no facilitaron que se pudieran realizar» estas comprobaciones.
En concreto, el informe resalta que los responsables del Parlament solicitaron primero una comunicación por escrito por parte del comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, posteriormente indicaron que la comunicación se tenía que hacer llegar a Rull y, finalmente, alegaron que no se podían hacer las inspecciones requeridas porque «no había personal laboral adecuado» en la cámara catalana.
«Estos hechos reforzaron las sospechas sobre un posible acceso del señor Puigdemont al Parlament de forma previa al debate de investidura», apunta el informe.
Por este motivo, a las 22.00 horas del 7 de agosto se desalojó a todas las personas que estaban en el parque de la Ciutadella -donde se ubica el Parlament-, y los Mossos establecieron un control para garantizar que nadie accedía al lugar y que al día siguiente solo entraban las personas autorizadas.