El Gobierno consiguió salvar los muebles y evitar una derrota parlamentaria que a primera hora de la mañana de ayer parecía inevitable. El largo pleno extraordinario celebrado en el Congreso, el último antes de las vacaciones, puso de manifiesto lo precaria que sigue siendo la mayoría de Pedro Sánchez con o sin nuevos equipos ministeriales.
Una negociación hasta el último minuto logró que Unidas Podemos, primero, y ERC después, accedieran a apoyar el decreto con el que el Ejecutivo pretende rebajar del 28% al 8% la temporalidad en la Administración Pública.
Sin el voto positivo de ERC, junto a Más País y Compromís, y la «abstención crítica» del PNV, otro aliado habitual que esta vez no se mostraba muy receptivo al acuerdo, los números no habrían salido para los socialistas. De hecho, las cuentas estaban tan ajustadas que la luz verde llegó después de haber tenido que repetir la votación por un empate a 170 y con solo un diputado de margen. El resultado final: 170 ‘síes’, 169 ‘noes’ (de PP, Vox, Ciudadanos, EH-Bildu, el PDeCAT, Junts, CUP, UPN, Coalición Canaria, BNG, y Foro Asturias) y 8 abstenciones.
La diputada de Unidas Podemos por Valencia Rosa María Medel provocó la repetición de la votación, en signo de protesta en apoyo a sus compañeros médicos que están en esta situación. Compromís mantuvo la tensión hasta el momento de la votación, cuando se produjo el empate, que hizo repetirla. La diputada Rosa María Medel, licenciada en Medicina y especialista en Oftalmología, mostró su discrepancia aunque consciente de que su voto no iba a hacer decaer la norma, que finalmente fue cambiada tras horas de negociación.
Lograr el giro de sus socios para el Gobierno no fue fácil, como pudo verse por el tono empleado por la portavoz de ERC, Pilar Valuguera, al subir a la tribuna. «Hemos cambiado de posición en cinco horas –admitió– y debemos una explicación a todas las personas que esperaban otro voto de nosotros».
En primer lugar, el decreto se tramitará como proyecto de ley para ser modificado. Los partidos ya no se fían del Gobierno, que en otras ocasiones ha hecho esa misma promesa con otros textos para después alargar sine die el plazo de enmiendas, pero ahora el compromiso es que a mediados de octubre la nueva ley esté lista. «Vamos a ver la lealtad y sinceridad del grupo socialista» dijo Valuguera.
Entre los cambios que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, accedió a asumir respecto al texto pactado por su antecesor en Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos mayoritarios, estarían la posibilidad de que las comunidades no otorguen carácter eliminatorio a las oposiciones que se convoquen para regularizar la situación de los trabajadores interinos, o que se exima de esas oposiciones a los empleados públicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos diez años.
El decreto ley contempla que las plazas, unas 300.000 estructurales, deberán estar adjudicadas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable.
El reproche generalizado al decreto gubernamental, de hecho, no se refiere tanto a la solución que ofrece para que en el futuro no se vuelvan a generar grandes bolsas de interinos, sino en la salida para quienes llevan años empalmando contratos públicos temporales. Todos los partidos coincidieron en que ahora se les va a hacer pagar por un pecado que no es suyo y criticaron la «hipocresía» o la «cicatería» de que se les pretenda compensar con una indemnización por despido de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses, lo mismo que dispone para el ámbito privado la reforma laboral que el Ejecutivo ha prometido derogar.