La Iglesia tendrá en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios de otras Conferencias episcopales del entorno a la hora de fijar las indemnizaciones a las víctimas de abusos.
Así se desprende del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de Abusos sexuales (Priva) que ha aprobado este martes la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal (CEE).
En la sesión extraordinaria se han aprobado tanto el documento con las líneas de trabajo, como el propio plan y los criterios orientadores para la reparación integral para las víctimas de abusos sexuales a menores de edad o adultos equiparados en derecho.
El plan contempla la creación de un órgano que asesorará a las autoridades eclesiásticas implicadas y tratará de coordinar la respuesta integral a las víctimas.
Este órgano, mediante un procedimiento no judicial, tratará de «verificar individualmente cada caso» y recomendará el marco posible de reparación, partiendo de lo que la propia víctima solicita «para su sanación» y buscando siempre una reparación integral.
La CEE y la Confer respaldarán subsidiariamente la reparación establecida de modo que ninguna víctima pueda quedar sin la reparación correspondiente establecida por el órgano de coordinación.
Una vez aprobado el «Plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho» (Priva), el siguiente paso es establecer unos criterios precisos que permitan su puesta en marcha, para lo que se creará una comisión asesora.
Estará formada por 10 profesionales independientes: cuatro expertos del ámbito médico forense, cuatro del ámbito jurídico y un representante de la CEE y otro de la Confer. La comisión podrá convocar a un representante de las víctimas o de las asociaciones que trabajan con víctimas.
La comisión recogerá toda la información ya elaborada por las personas que han atendido a esa víctima para no revictimizar y, con todos los datos, ofrecerá un informe de los casos presentados, que se circunscriben a aquellos que no pueden ser juzgados por el fallecimiento del agresor o por la prescripción del delito.
Con la ayuda de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos, elaborará un posible baremo o sistema de valoración de los daños y perjuicios padecidos.
«Para ello se tendrán en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios orientadores de otras Conferencias episcopales del entorno», señala.