Japón exigió hoy a China retirar el veto que aplica a sus productos marinos a raíz del vertido de la central nuclear de Fukushima, una medida que Tokio considera sin base científica y que supone un nuevo obstáculo en las relaciones entre las dos potencias asiáticas.
El ministro nipón de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura, calificó hoy de “inaceptables” las restricciones anunciadas en la víspera por Pekín y afirmó que ha solicitado al Ejecutivo chino su retirada durante las reuniones de titulares de Comercio del G20 que se celebra entre el pasado jueves y este viernes en Jaipur (India).
China, que venía expresando su firme oposición al vertido, anunció en la víspera la suspensión de la importación de todos los productos acuáticos procedentes de Japón para “prevenir el riesgo de contaminación radiactiva” por la descarga de la central nuclear nipona.
Primeros análisis dentro de los topes legales
“Publicaremos los datos relevantes con transparencia y continuaremos buscando la retirada inmediata de restricciones a las importaciones (de productos nipones) que no estén basadas den datos científicos”, dijo este viernes Nishimura en rueda de prensa.
Poco después, Tokyo Electric Power (TEPCO), la empresa operadora de la planta accidentada de donde viene el vertido de agua contaminada y tratada para retirarle la mayor parte de residuos radiactivos, divulgó los primeros datos de sus análisis de aguas marinas en torno a la central tras comenzar la descarga en la víspera.
Las mediciones de TEPCO en distintos puntos en radios a 3 y 10 kilómetros de la tubería submarina por la que se descarga el vertido muestran que los niveles de radiación por tritio se encuentran “muy por debajo” de los límites legales establecidos por las autoridades niponas, según dijo la empresa en rueda de prensa.
Japón fijó un máximo de 1.500 becquereles por litro en el líquido que va a parar al Pacífico, casi siete veces menos que el tope establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable.
Además de TEPCO, el Gobierno japonés y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OEIA) llevan a cabo sus propias mediciones de radiactividad en aguas en torno a la planta y tienen previsto publicar sus resultados de forma regular.
El OIEA, que cuenta con instalaciones propias en la central de Fukushima Daiichi, ya tomó muestras del agua procesada antes del vertido en la víspera y confirmó que se respetaban los niveles regulatorios.
Laboratorios independientes de varios países y las cooperativas pesqueras niponas también están tomando muestras y divulgarán sus resultados de forma paralela.
Acusaciones a Pekín
El ministro nipón de Consumo, Taro Kono, también cargó hoy contra Pekín al considerar que sus restricciones son “una medida política y no científica”, mientras que el titular de Agricultura, Tetsuro Nomura, las calificó de “lamentables” y “contrarias al movimiento internacional”.
Tokio considera que el veto chino se debe a una campaña de presión y de desprestigio del país vecino más que a razones sanitarias o medioambientales, en el contexto de deterioro de las relaciones bilaterales por las disputas territoriales y las tensiones militares en la región.
Entre los argumentos que ha empleado Japón para justificar el vertido se encuentra el hecho de que este tipo de descargas de agua tritiada son una práctica habitual en centrales nucleares de todo el mundo.
La propia China llevó a cabo en 2021 vertidos desde sus centrales nucleares que supusieron un volumen de radiactividad hasta diez veces mayor que el tope anual fijado para la descarga de Fukushima, según datos publicados por la industria nuclear del gigante asiático y recogidos por el OIEA.
El territorio autónomo de Hong Kong también ha prohibido las importaciones de este tipo de una decena de prefecturas japonesas, entre ellas Fukushima, a raíz del vertido.
Más países vecinos, como Corea del Sur, Filipinas y otras naciones insulares del Pacífico han expresado su inquietud por la descarga de agua procesada a través de sus gobiernos o desde cooperativas pesqueras, aunque no han llegado a tomar medidas restrictivas como las de Pekín y Hong Kong.
Las garantías de seguridad aportadas por las autoridades niponas y por el OIEA no han bastado para convencer a las asociaciones pesqueras de Japón, que también mantienen su firme oposición al vertido, al igual que organizaciones ecologistas como Greenpeace.
