La reforma del sistema de pensiones del Gobierno de coalición ya está en marcha, al menos en una primera fase, la consensuada definitivamente ayer con sindicatos y empresarios. Un acuerdo que aclara cómo se revalorizarán las prestaciones -con el IPC- o cuál será el sistema de jubilaciones anticipadas, con unos recortes suavizados por meses.
Esta semana, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, rubicará públicamente el acuerdo junto a sindicatos y patronal, aunque pasará por el Consejo de Ministros a lo largo de este año, por lo que su entrada en vigor no es inminente.
Lo harán sin definir una de las cuestiones más espinosas, la vinculada a la sostenibilidad del sistema, con un factor «de equidad» del que solo se sabe que sustituirá al de «sostenibilidad»: en la práctica, posibles ajustes de las nuevas pensiones en función de determinadas variables.
Se deroga la medida en vigor (el factor que ligaba la prestación a la esperanza de vida), incluido en la reforma de 2013, aunque nunca se puso en marcha. Será sustituido por otro que ahora debe ser negociado y que el Ejecutivo espera tener listo en noviembre. Mientras tanto, estas son las cuestiones resueltas del nuevo sistema de pensiones y jubilación.
Las pensiones volverán a revisarse exclusivamente con el IPC anual, con lo que se garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo. Se acaba con el sistema anterior que se establecía dependiendo de las circunstancias económicas, con un mínimo del 0,25%. El Gobierno se llegó a plantear ajustar las subidas cuando un año se registrara inflación negativa, para compensar. Pero se descartó esa pretensión.
El texto incluye una garantía para que la pensión no baje en caso de años con los precios a la baja. Si el IPC es negativo, las pensiones serán congeladas. Para este 2021, el último con el sistema actual, las prestaciones han subido un 0,9%, aunque si finalmente el IPC se sitúa por encima -como todo parece indicar- habrá que compensar a los pensionistas con una paguilla extra.
Para quienes dejen el mercado laboral por voluntad propia para acceder a la jubilación antes de la edad legal que les corresponde, el Ministerio de Seguridad Social quería acabar con el sistema que reducía el importe de la primera pensión por trimestres.
El pacto alcanzado establece ese cálculo por meses. Así, se da «más flexibilidad a los futuros pensionistas» y se «fomenta el desplazamiento voluntario de la jubilación». La nueva penalización será desde un mínimo del 2,8% hasta un máximo del 21%.
Hasta ahora, ese recorte podía acercarse al 30%. En concreto, quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación dos años les supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,2% (un mes antes); y para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes). Por su parte, el reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes y del 2,81% un mes antes.
No hay forma de que cada vez menos trabajadores aspiren a acceder a la jubilación, al menos en el momento que legalmente les corresponda. Porque una referencia es la edad legal, la que se encuentra establecida en cada momento; y otra la edad efectiva, la que realmente elije cada empleado ante la posibilidad de abandonar el mercado laboral de forma anticipada. Hoy por hoy, la realidad es que los españoles comienzan a jubilarse a los 64,5 años. Aunque la norma dice que debería ser a los 66.
Esos dos años suponen un importante impacto para las cuentas de la Seguridad Social. Por eso, la reforma va encaminada a «elevar la edad real de jubilación», a edad media efectiva de jubilación frente a la actual.