Este lunes salía a la luz la decisión de las monjas clarisas de Burgos y Orduña de dejar la iglesia católica. Un conflicto que no tardaba en viralizarse y que, pocas horas después, ellas mismas desmentían, al menos en parte.
Al parecer, según las primeras informaciones, la comunidad religiosa quería pasar de estar bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco y su llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, que no están en comunión con Roma y cuyo fundador fue excomulgado en 2019. Aquella excomunión la decretó el entonces obispo de Bilbao, Mario Iceta, quien ahora, en su condición actual de arzobispo de Burgos, ha puesto en conocimiento de la Santa Sede la intención de esta comunidad de religiosas de abandonar la Iglesia.
En un comunicado suscrito por sor Isabel de la Trinidad, la abadesa de esta comunidad formada por dieciséis monjas, reconocía como último pontífice válido a Pio XII y acusaba a los papas posteriores de herejía. Sin embargo, unas horas más tarde, las propias religiosas aseguraban que no estaban encerradas, secuestradas, manipuladas ni alejadas de sus familias como se había dicho en algunos medios y, sobre todo, que “no se van de la Iglesia”.
A través de una cuenta en la red social Instagram (@tehagoluz), de reciente creación, las monjas han compartido un vídeo y una fotografía, en la que se ve a una decena de ellas con sus familias y con el religioso que las está acompañando en el proceso, miembro de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, a las órdenes de Pablo de Rojas.
Junto a la imagen, un texto: “Hermanas llamadas cismáticas encerradas, secuestradas, manipuladas y alejadas de sus familias”, con el que intentan desmentir las informaciones difundidas estos días.
“No nos vamos de la Iglesia. Os lo iremos explicando. Así que, a los que estáis preocupados por esto, tened un poco de paciencia”, han indicado.
Las publicaciones en Instagram se suman a los contenidos que, durante toda la semana, han ido apareciendo en una página web también de reciente creación, www.tehagoluz.com, en el que las hermanas se presentan y que incluye, hasta el momento, el manifiesto católico y la carta en la que anuncian su salida de lo que ellas llaman ‘Iglesia Conciliar’.
La venta de un convento, origen del conflicto
El origen de su malestar es la “persecución” que, según denuncian, sufren por parte de superiores, pastores, hermanas y sacerdotes como ejemplifica, según su comunicado, la decisión de Roma de “bloquear” su solicitud para poder vender un convento que tienen en propiedad y que está vacío en Derio, en Vizcaya, para poder así hacer frente a la compra del monasterio de Orduña, perteneciente a la Diócesis de Vitoria y con la que tenían un acuerdo de compraventa.
Al no obtener el permiso para vender el monasterio de Derio, plantearon como alternativa que un comprador ajeno a la orden abonara el millón de euros que queda pendiente para la compra del monasterio de Orduña, para que, cuando ellas pudieran devolver ese dinero, el benefactor transfiriera el convento a las Clarisas.
Sin embargo, la operación no se llegó a cerrar ante las dudas de la Diócesis sobre la identidad del comprador interpuesto, lo que motivó la rescisión del acuerdo de compraventa por parte de la Diócesis de Vitoria.
Desde la comunidad de Belorado se pidió entonces una indemnización de 1,6 millones de euros por supuestas obras realizadas, una reclamación que está actualmente en los tribunales.
En el comunicado, las clarisas de Belorado sostienen que las propiedades deben ser “muy golosas” para algunos, porque son el telón de fondo de artimañas que aseguran que han sufrido en los últimos años, que califican de ‘modus operandi’ para desmontar comunidades “de línea tradicional” y quedarse con sus inmuebles para venderlos.
Por su parte, monseñor Iceta ha pedido a los fieles que se abstengan de participar en ningún acto litúrgico en los monasterios de Santa Clara de Belorado y Orduña y ha advertido de que si las religiosas confirman su decisión de abandonar la disciplina de la Iglesia podrían ser acusadas de un delito de cisma que podría ser sancionado con la excomunión.
Los arzobispados, sorprendidos
Monseñor Iceta ha asegurado que hasta ahora no ha recibido la carta ni el manifiesto de las clarisas y su intención es hablar con la abadesa, que no ha atendido hasta ahora sus llamadas telefónicas.
El Arzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria han emitido un comunicado conjunto en el que muestran su sorpresa por el anuncio de esta comunidad religiosa y recuerdan que nunca han manifestado ninguna inquietud.
Además, añaden que no han recibido ninguna comunicación oficial sobre la decisión de las religiosas y sobre su comunicado rechazan sus acusaciones.
Respecto a la licencia de venta del Monasterio de Derio (propiedad de las clarisas de Belorado desde abril de 2013 cuya comunidad fue trasladada al Monasterio de Orduña el 28 de octubre de 2020), recuerdan que ni es competencia del Arzobispo de Burgos ni de la presidenta federal. Además, ni en el Arzobispado de Burgos ni en el Obispado de Bilbao se ha recibido ninguna comunicación ni petición a este respecto.
Añaden que ni los “pastores” (término genérico utilizado por el comunicado de las religiosas) ni la presidenta federal son competentes para impedir los pagos ni para rescindir el contrato de compraventa, que es competencia de las partes contractuales.
Por otra parte, recuerdan que el 13 de abril de 2024, la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu (Provincia de Cantabria – Hermanas Clarisas), a la que pertenece la comunidad de Belorado, pidió una reunión urgente con el Arzobispo de Burgos y fue recibida esa misma mañana, poniendo en su conocimiento la sospecha de una posible comisión un delito de cisma según el Código de Derecho Canónico.
El arzobispo de Burgos firma un decreto de apertura de la investigación previa por los hechos comunicados, el 24 de abril de 2024, conjuntamente con los obispos de Vitoria y Bilbao. Asimismo, lo comunica a la Santa Sede, contando con su aprobación
Sin monasterio y acusadas de ‘secta’
Por su parte, las monjas clarisas de Vitoria presentarán una demanda en los tribunales para conseguir la anulación de la compraventa del monasterio de Orduña (Bizkaia) a las clarisas de Belorado (Burgos) al considerar que “no se pueden quedar con las propiedades” de la Iglesia católica tras haberse “ido a una secta”.
Las clarisas de Vitoria dan ahora un paso adelante y van a demandar a las de Belorado ante los tribunales para que se anule la compraventa del convento vizcaíno, tal y como ha confirmado el vicario para la Vida Consagrada de la Diócesis de Vitoria, Manuel Gómez Tavira.
Gómez Tavira, que ha acompañado este jueves a las responsables del convento de Vitoria al despacho de abogados que llevará esta acción judicial, ha planteado que una vez que las clarisas de Belorado “se han ido a una secta no pueden quedarse con las propiedades” de la Iglesia católica.
“Esto no es un problema de dinero”, ha insistido y para ratificarlo se ha referido a las declaraciones que hizo este miércoles la abadesa de Belorado, sor Isabel de la Trinidad, quien hizo un llamamiento a los católicos que, como ella, se sientan “profundamente defraudados” con la Iglesia católica de las cuatro últimas décadas, a que “escuchen” lo que tienen que plantear frente a las “herejías” que observan en el Vaticano y en el catecismo.
“Han dejado de ser clarisas”
En la demanda se alegará como argumento el impago por parte de la congregación burgalesa. “Si no hubiera pasado esto, las hermanas de Vitoria nunca les hubiesen pedido un duro porque las dos son clarisas pero ellas (las de Belorado) ya han dejado de ser clarisas“, ha señalado.
Según recoge el diario El Correo, el despacho de abogados presentará una “demanda civil en ejercicio de condición resolutoria pactada en la escritura de compraventa”, trámite que podría decidirse en la reunión de este jueves que, de aceptarse, supondría la anulación del contrato de compraventa.
Con ello, deberán abandonar el convento de Orduña las hermanas de la congregación de Belorado que aún residen allí. La demanda podría presentarse ante un juzgado de la localidad burgalesa de Briviesca.
La decisión se toma después de que el pasado 7 de mayo ninguna de las partes implicadas moviese sus posturas en un acto de conciliación que se celebró en el citado despacho de abogados.