El proyecto de la empresa Ametller Origen para hacer un gran centro de producción alimentaria en el Penedès ha generado un debate entre quienes defienden la inversión por la creación de ocupación que traerá y quien la critica al considerar que tendrá un gran impacto sobre el territorio.
En el debate ha intervenido la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), que destaca que la realidad económica y empresarial de las comarcas de la veguería del Penedès es diversa «tanto por las actividades (industrial, de servicios, vitivinícola, agraria y turística) como por su dimensión».
Destacan que esa diversidad «genera empleo, bienestar y riqueza que hay que respetar y poner en valor». Así, la FEGP considera que el Agroparc «es una excelente apuesta para abordar una transformación del sector agroalimentario y convertirlo en un demostrativo que pueda inspirar a otras iniciativas tanto en Catalunya como en España y en el resto del mundo», consideran.
La Federació empresarial valora la creación de empleo, que los inversores cifran en unos 3.000 (1.000 directos y el resto, indirectos e inducidos). Añaden que «frente a la crisis alimentaria y el impacto del cambio climático», el proyecto es la mejor solución.
Oportunidad
La FEGP considera que el agroparque «es una oportunidad única para situar al Penedès en la punta de lanza de la agricultura tecnificada, la circularidad y la simbiosis entre los procesos industriales y agrarios a través de la tecnología. Consideran que «hará ganar en competitividad en el agrario para hacerlo más sostenible económica y medioambientalmente y avanzando en cohesión social».
Pero los contrarios, como la plataforma StopAgroparc, consideran que el proyecto tendrá un impacto en el territorio. El colectivo señala que afecta a un corredor ecológico entre áreas de interés natural y que afectaría a terrenos donde habitan especies protegidas como el águila perdicera.
También señalan que estarán junto a cultivos ecológicos que forman parte de los objetivos del plan estratégico de la DO Penedès, que señala que a partir de la vendimia de 2025 todo el vino producido en la DO sea ecológico.
Unió de Pagesos también cuestiona el modelo del Agroparc ya que señala que el 90% de la superficie es sobre suelo no urbanizable y que según el Pla Territorial Metropolità «está identificado como un espacio de protección especial por su interés natural y agrario y como espacio de protección de la viña».
Las 12 hectáreas de invernaderos tecnificados son también motivo de alarma entre los contrarios al proyecto ya que señalan que requiere más energía y agua que la agricultura tradicional de secano de la zona. Las 10 hectáreas de placas solares tampoco gustan por su extensión y localización.
StopAgroparc añade el impacto por la movilidad de camiones que generará, además de la presión de visitantes con unas vías de comunicación que no están dimensionadas. El colectivo considera el Agroparque como un modelo no sostenible que se enmascara en la proximidad y el kilómetro cero.