La igualdad social, en el foco de las reclamaciones de Tarragona al Estado
Parar los desahucios, asegurar el derecho a la vivienda, más inversión en dependencia y la regularización de las personas migradas son algunas de las principales peticiones
Después de la crisis económica provocada por la pandemia y por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el Gobierno entrante tiene mucho trabajo que hacer en materia social. ¿Cuáles son las principales solicitudes de las entidades?
El derecho a la vivienda
Será uno de los temas candentes. En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tarragona solicita, a través de su presidenta, Stela López, «que se detengan los desahucios, no se queden más familias vulnerables en la calle y se les ofrezcan los alquileres sociales».
En este sentido, la presidenta de la plataforma manifiesta que «los suministros básicos deberían estar garantizados: no más cortes de agua, de luz o de gas». «Hay que dotar al parque de más viviendas sociales y respetar el artículo 47 de la Constitución, que dice que ‘todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada’», añade. La PAH, además, pide la regulación de los alquileres convencionales y de las cuotas de las hipotecas.
Mayor inversión en dependencia
El apoyo a la gente mayor también debe ser uno de los puntales. En este sentido, la presidenta de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, expone que «es necesario llegar a una inversión que suponga, al menos, el 2% del PIB, como hacen muchos países, para incrementar los salarios de los profesionales y mejorar las tarifas».
«Por otra parte, tienen que conseguirse más Next Generation para mejorar las infraestructuras, y reducir el IVA al 4% en todos los servicios de dependencia», añade.
Feminismo y derechos sociales
En el ámbito de la igualdad, el colectivo Cau de Llunes aboga por «un sistema público-comunitario donde todo el mundo tenga derecho a ser cuidado y las personas que lo hagan tengan buenas condiciones laborales, un urbanismo feminista con entornos más seguros, parar la especulación inmobiliaria y el turismo de masas para garantizar el acceso a la vivienda para todas, una renta básica universal, regularizar la situación de las personas migradas y reducir la jornada laboral» con una economía que ponga la vida en el centro.