La petroquímica de Tarragona contradice a la Generalitat sobre los pélets
Argumenta que la resolución publicada por Acció Climàtica en agosto «no identifica a ninguna empresa como causante ni acredita el supuesto daño ambiental» y que «muchas de las medidas impuestas ya están ejecutándose»
Habrá recurso de las empresas del polo petroquímico del Camp de Tarragona afectadas por la resolución del antiguo Departament d’Acció Climàtica –publicada a principios de agosto– que las obligaba a, en un período de seis meses como máximo, aplicar medidas de prevención para evitar el vertido de pélets (un tipo de microplástico) en las playas del entorno del complejo.
La mayoría de empresas que menciona la resolución presentarán un recurso de alzada para que sea un estamento superior –la Secretaria d’Acció Climàtica– el que termine tomando una decisión.
La Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), que aglutina a la mayoría de empresas del sector, expone que «las empresas del sector químico de Tarragona citadas en la resolución de la Direcció General de Canvi Climàtic sobre la problemática de los pélets han presentado, individualmente, recurso contra esta resolución».
¿Cuáles son los motivos que argumentan las compañías para presentar este recurso? Según la AEQT, «el expediente de la Generalitat no acredita el supuesto daño ambiental o la amenaza del mismo según establece la ley».
Al mismo tiempo, las compañías insisten en que el documento del ejecutivo «no identifica a ninguna empresa como causante de las fugas de pélets y, por lo tanto, no pueden exigirse responsabilidades a unas empresas determinadas, dado que la Generalitat reconoce que no se sabe el origen de las fugas».
«Es difícil llegar a conocer cuál es el origen de unas determinadas pérdidas cuando hay implicada toda una cadena de valor que no está trabajando con los mismos estándares, motivo que nos llevó a la creación de la plataforma cero pellets», apunta la directora gerente de la AEQT, Maria Mas. Esa plataforma tiene el objetivo de aglutinar a diversas instituciones del territorio para luchar contra los escapes.
«El sector químico de Tarragona se ha mostrado proactivo y decidido desde el primer momento en buscar soluciones para la problemática de los pélets, y prueba de ello fue el impulso y creación de esta plataforma», comenta la AEQT.
Según lo que indica Acció Climàtica en el expediente, «se concluye por primera vez que la responsabilidad en el vertido es colectiva y establece un vínculo causal entre la contaminación, que es de origen difuso y se produce durante toda la cadena de valor del plástico, y la actividad de una decena de empresas».
El expediente instaba a las compañías Basell Poliolefinas Ibérica, SA; Dow Chemical Ibérica, SL; SK Primacor Europe, SLU; Transformadora de Etileno, AIE; Ravago Plásticos, SA; Repsol Química, SA; Katoen Natie Ibérica, SL; Schmidt Ibérica, SA; PGI Spain, SL y Chemieuro, SL a elaborar y aplicar un plan de gestión de pérdidas de plástico.
«Se ha constatado que una deficiente praxis en las etapas de la cadena y carencias en las instalaciones de transformación, almacenamiento y distribución han provocado que los residuos se hayan esparcido y acumulado», apunta la resolución de Acció Climàtica.
Las medidas de prevención
Las empresas subrayan que muchas de las acciones que la Generalitat quiere imponerles ya están ejecutándose o ya se han implementado. «En cualquier caso, se trata de medidas que no se incluirán en la normativa hasta 2026», argumentan.
¿Cuáles son estas medidas? Mas insiste en que, desde 2019, «existe un grupo de trabajo específico sobre este tema entre todas las empresas». Esas acciones son, por ejemplo, llevar a cabo un análisis de todas las pérdidas que se realizan cuando se produce una incidencia en algún punto, montar y fortalecer barreras en aguas fluviales para impedir los vertidos, elaborar un registro de los puntos más susceptibles de sufrir pérdidas de este tipo de microplásticos... En esta línea, los caminos fluviales son los más ‘peligrosos’, pues hacen más sencillo que los pélets acaben en el mar.
Mas insiste en que «en los últimos tiempos, está haciéndose un esfuerzo por informar a todo el personal». En este momento, según apunta la directora gerente de la AEQT, «la mayoría de empresas han conseguido el certificado OCS», que acredita la gestión responsable y las buenas prácticas.
Los ecologistas se pronuncian
Las entidades Good Karma Projects, Surfrider Foundation e INSTA Jurídics, que iniciaron el procedimiento que derivó en la resolución de la Generalitat, indican que «las empresas perderán la oportunidad de adoptar medidas de prevención y contención que se adelantan a la regulación europea y que serán obligatorias en los próximos años, lo que demuestra la falta de compromiso, coherencia y transparencia del sector con el territorio».
«Las diferentes administraciones sectoriales y cuerpos policiales han aportado información suficiente que identifica a las principales empresas causantes de la contaminación por pellets en Tarragona», destacan desde las asociaciones, que consideran que el recurso «tendrá el menor recorrido ante toda la documentación y evidencias presentadas».