Tarragona y las viviendas sociales: ¿Por qué se construyen tan pocas si hay una emergencia habitacional?

La gran pregunta al ver que los datos de viviendas sociales que empiezan a construirse son tan bajos es cuáles son esos motivos que provocan esta casuística. Y no es que pueda explicarse desde tan solo un punto de vista, sino que son varias las causas que han influido.

La principal es la apuesta de la Administración: «Ahora mismo, la línea principal no es la de construir, sino que las estrategias que se llevan a cabo en la actualidad son más económicas y más a corto plazo, con el objetivo de obtener una respuesta más rápida ante la emergencia habitacional actual», apunta la subdirectora de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Núria Lambea.

Esas estrategias pasan por captar viviendas que ya están construidas e incorporarlas al parque. Lambea argumenta que «la construcción lleva tiempo y, además, es más costosa a nivel económico» y, por otra parte, advierte que la situación en relación con las VPO es cíclica: «Se construye más cuando hay más dinero, pero cuanto menos dinero, menos construcción, cuando debería ser al revés, ya que, en las épocas en las que no hay dinero, es cuando más se necesitan estos pisos».

La subdirectora apuesta por «repartir más las políticas» y «no abandonar las estrategias a largo plazo». Es aquello de no poner todos los huevos en la misma cesta. Sobre esta máxima se pronuncia también Diego Reyes, que es presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Tarragonès y que pone dos cuestiones sobre el tapete: «Encontrar solares para edificar pisos sociales es complicado, y el precio de venta es muy ajustado si se compara con los costes que se exigen».

Es algo en lo que coincide Manuel Sosa, abogado, experto inmobiliario y administrador de fincas tarraconense: «A los promotores privados no les sale a cuenta construir este tipo de viviendas».

En esta línea, comenta que «la Administración apenas construye nada; la iniciativa quedó en manos privadas, pero estas dejaron de interesarse, además de que las leyes reguladoras están totalmente obsoletas y fuera del contexto económico y social actual, y hay un exceso de burocracia para definirlas». «Es totalmente necesaria una revisión exhaustiva de las leyes de vivienda», sentencia.

Reyes se muestra completamente de acuerdo: «La Administración regula, pero no se preocupa de facilitar las cosas para promover la realización de estos inmuebles, lo que dificulta mucho».

Esa regulación pasa por la legislación catalana, que prevé que los planes de ordenación urbanística municipal (POUM) –salvo algunas excepciones– deben reservar para VPO, como mínimo, el terreno correspondiente al 30% del calificado para el uso residencial de nueva implantación. No obstante, es un artículo que, a la práctica, los ayuntamientos no suelen reflejar en sus respectivos POUM.