Los promotores de renovables se hartan de esperar a las administraciones catalanas

El equivalente a la electricidad generada por 2,5 reactores nucleares. Más de 20.000 gigavatios-hora (GWh) al año en proyectos de generación eólica y fotovoltaica que en Catalunya se arrastran por un laberinto burocrático, con plazos medios de resolución -entre que se presenta y obtiene la autorización final para su construcción- de 1.500 días (más de cuatro años) para la eólica y más de 700 días (casi dos años) para la fotovoltaica.

Hartos de esperar, promotores que suman proyectos capaces de generar cerca de 4.000 GWh al año (el equivalente a medio reactor nuclear) ya han decidido apearse, renunciando a seguir en la rueda del papeleo y buscando otras comunidades autónomas mucho más ágiles.

Son algunos de los datos y conclusiones del último informe de situación del Observatori de les Energies Renovables de Catalunya (OBERCat), titulado Progrés en la implantació de les energies renovables a Catalunya: objectius 2030 / 2050, presentado el pasado 16 de julio, y en el que están involucradas las principales organizaciones catalanas que trabajan en el ámbito de las energías renovables y la gestión energética eficiente.

En este informe, que hace balance del año 2023 en esta materia, se constata «un enfriamiento notable del interés de los promotores en los proyectos, ante la lentitud y trabas de la tramitación en Catalunya», que lleva, según este observatorio, a que «los promotores prefieran invertir en otras comunidades».

Los hechos confirman este análisis. Hace apenas un mes, Sivortex, una ingeniería fotovoltaica con sede en Lleida, anunciaba una inversión de 120 millones de euros para levantar 182.000 módulos solares repartidos en 274 hectáreas en el polígono La Paz de Teruel. En el equipo de este proyecto se encuentra el Instituto Tecnológico Aurora (impulsado por el tarraconense Xavier Ferrando y el cambrilense Jesús Lazcano), que hasta hace poco tenía su sede en Tarragona, y que ahora se ha trasladado a Teruel.

Un proyecto que (informa Jordi Cabré) hubiese podido estar perfectamente en la demarcación de Tarragona, pero al que las trabas burocráticas en Catalunya ha empujado hacia un Aragón mucho más competitivo. Con la paradoja de que, una vez generada esa electricidad fotovoltaica, un destino más que probable será terminar en Catalunya a través de una de las múltiples líneas de Muy Alta Tensión (MAT) que se van a tener que construir para compensar la inapelable pérdida de soberanía energética a la que está lanzada esta comunidad autónoma.

En las conclusiones de su último informe, OBERCat lo describe con claridad: «En el horizonte inmediato (seis años) se producirá el primer cierre de generación nuclear en Catalunya. El reto es saber hasta qué punto se podrá revertir esta situación».

Y lanza una cuestión clave: «La decisión política es la elección entre qué porcentaje del primer GW nuclear se sustituye por generación renovable y qué [porcentaje] por importaciones (parques en el mismo territorio con todos los beneficios que generan, o MAT para importar electricidad renovable de los territorios vecinos)».

Esto es lo que van a tener que decidir estas administraciones en un plazo de tiempo que apremia, con los cierres previstos de los tres reactores nucleares que hay en Catalunya (todos en la demarcación de Tarragona, en Ascó y en Vandellòs) programados para los años 2030, 2032 y 2035.

El balance a día de hoy es claro. Cada uno de los tres reactores nucleares que van a cerrar de forma inminente genera unos 8.000 GWh al año. Con los proyectos eólicos y fotovoltaicos que en Catalunya se encuentran hoy en construcción o con Autorización Administrativa de Construcción (ACC) se podrían generar 2.507 GWh al año de electricidad. Es decir, apenas un tercio de lo que genera uno de estos reactores.

La Administración ya ha descartado, denegado o declarado no viables, proyectos renovables que en conjunto sumaban una generación de 10.476 GWh al año (el equivalente a 1,3 reactores). Tras la retirada de los promotores de diversos proyectos que podían aportar unos 3.967 GWh (el equivalente a 0,5 reactores), quedan ahora en esa maraña burocrática 20.052 GWh al año de instalaciones renovables, capaces de sustituir la generación de 2,5 reactores nucleares.

Esta semana, la Administración decide nuevamente a qué cesta van algunos de estos proyectos. Los hay que ya llegan sentenciados tras el paso de trámites anteriores, y donde las administraciones se limitarán a certificar su defunción. Está por ver si, en el caso de los (por ahora muy escasos) proyectos que superen todo el periplo de papeleos, cuando llegue esa Autorización Administrativa de Construcción definitiva, van a encontrar interlocutores por la parte de la iniciativa privada (y disposición a invertir), tras aguantar esa media de más de cuatro años empantanados en trámites administrativos.

Es una de las grandes incógnitas que se plantean, pero sobre las que ya empieza a haber pistas. El ghosting (marear la perdiz, hacer mutis por el foro, ponerse de perfil) burocrático que las administraciones han practicado con ellos durante todos estos años retorna ahora con las mismas formas.

Hace un año, OBERCat identificó hasta 49 proyectos eólicos que habían superado los trámites administrativos necesarios para poder solicitar ya una Autorización Administrativa Previa y de Construcción. Pasado un año, apenas uno de esos 49 proyectos hizo esta solicitud. Los restantes 48 proyectos de parques eólicos, equipados con 408 aerogeneradores y una potencia de 2.049,21 MW, no hicieron ni un movimiento administrativo más.

Una de las posibles explicaciones que apuntan desde OBERCat es que no dispongan de punto de acceso y conexión (otro elemento más en la maraña de papeles), lo cual es condición necesaria para poder iniciar la tramitación. Otra explicación sería que alguien hubiese decidido no dedicar ni medio esfuerzo más a seguir rodando en el bucle administrativo.

El tiempo se agota. En su último informe, OBERCat propone soluciones: «Es urgente simplificar los procedimientos administrativos, incrementar el número de personas destinadas a resolver los expedientes e implementar mecanismos de apoyo a la actividad de la Administración desde la colaboración público-privada (potenciar las declaraciones autorresponsables y buscar el apoyo temporal de entidades de perfil técnico, como coayudantes de la Administración)».

Porque la realidad que describen es, cuanto menos, incómoda: «La transición energética de Catalunya no la lideramos, nos la están haciendo», resume este observatorio.